El aparente mal uso de fondos públicos destaca en el informe anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Documento que fue enviado este viernes 23 de mayo de 2025 a las autoridades del Congreso.
El documento expone como, aparentemente, no se ejecutó de la manera correcta una cantidad de Q2 mil 814 millones 375 mil 761 del presupuesto nacional del 2024. Informes de auditorías que dejaron una serie de acciones a las autoridades involucradas.
Este informe se entrega de manera anual a las autoridades del Organismo Legislativo basándose en la Ley Orgánica de la CGC, que estipula la entrega de su análisis al menos 150 días después del cierre del ejercicio fiscal anterior.
Para evaluar el buen uso de los recursos públicos, la Contraloría desarrolló 1 mil 446 auditorías de fiscalización; 146 auditorías de probidad; para hacer un total de 1 mil 592 auditorías.
Para evaluar a detalle para los procesos de fiscalización se realizaron 3 mil 528 nombramientos de presencia de verificación, es decir, personal designado para evaluar presencialmente algunas de las instituciones de gobierno bajo sospechas.
Las auditorías realizadas aglutinan una cantidad de Q2 mil 814 millones 375 mil 761 del presupuesto del año pasado, que dejaron:
- 115 denuncias en materia de fiscalización
- 38 denuncias en temas de probidad
- 20 denuncias por falsificación de títulos
En total son 173 denuncias que pasan a ser tarea del Ministerio Publico (MP) para el proceso de investigación.
Algunos casos
Aunque el periodo de investigación abarca el 2024, es decir, el primer año de la administración de Bernardo Arévalo, de las cinco entidades con mayor cantidad de denuncias tres son relacionadas a la actual administración y todavía dos a la anterior del expresidente, Alejandro Giammattei.
Las denuncias involucradas en la actual administración de gobierno aparece el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda (FIV), el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga).
Al hablar de las denuncias que todavía tienen posibles vínculos con la anterior administración destaca la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, entidad que contiene dos denuncias.
También existen algunos casos que relacionan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y una vinculada al Caso B410, pero por estar judicializados no se tienen mayores detalles por estar bajo reserva