El presidente Bernardo Arévalo anunció que iniciará el proceso de Alianza Público-Privada (APP) para operar el aeropuerto internacional y especialistas dan a conocer lo que procede.
La modernización de la infraestructura y operación del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se hará por medio de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y el gobierno enfocará sus procesos para que un operador adjudicado se haga cargo de la administración de la terminal aérea.
El anuncio fue oficializado por el presidente Bernardo Arévalo, quien participó en el primer Congreso de Infraestructura que organizaron varias entidades del sector privado con el título “Aeropuertos, eje del desarrollo de infraestructura”, y reiteró la urgencia de recuperar las instalaciones aeroportuarias, así como desarrollar todo el potencial del que puede ser el aeropuerto más importante de Centroamérica.
“Mientras trabajamos en soluciones de urgencia y fortalecemos la institucionalidad de Aeronáutica Civil, el gobierno ha tomado la decisión de llevar adelante la licitación mediante la figura de alianza público-privada (APP). Esto permitirá asumir juntos, gobierno y sector privado, los grandes desafíos de esta terminal, complementando el ingenio, la agilidad, y la capacidad del sector empresarial con la certeza y estructura que solo el Estado puede brindar”, resaltó el gobernante.
Reiteró en su intervención, que “creemos que el rescate el Aeropuerto Internacional La Aurora puede ser un ejemplo positivo de colaboración entre el sector público y el privado, definido por la transparencia y la orientación estratégica hacia el bien común, sacando el aeropuerto hacia adelante y así podemos demostrar al mundo el potencial de una nueva Guatemala sin corrupción, sin sobres debajo de la mesa y donde las cosas se hacen bien”.
Representantes de varios sectores y usuarios del AILA reaccionaron positivamente, por lo que en breve iniciará el proceso que conlleva la APP, en el que deben participar el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie); el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie); y el proyecto deberá ser conocido y aprobado por el Congreso de la República.
Hoja de ruta
Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) la exposición del presidente es algo muy importante, ya que como país se necesitan más APP, y si se logra concretar el proyecto, permitirá un impulso mucho más importante al turismo.
“Contar con una infraestructura como esta hace que el país pueda salir adelante con más vuelos internacionales, porque los operadores se van a dedicar a promocionar y atraer mayor inversión”, afirmó.
Explicó que ahora la Anadie tendrá que publicar una invitación a manifestación de interés con los diversos parámetros, luego realizar una licitación pública y después la adjudicación para hacer el contrato. Este tendrá que ir al Congreso de la República para su aprobación, por lo que “no es un proceso rápido, pero es la vía más ágil”.
Anotó que si existe la voluntad de las autoridades y el proceso no se retrasa en el Legislativo, todo indicaría que el proceso podría finalizar en el 2025, por lo que quedaría todo el resto de este año para todos los procesos administrativos.
Sobre un perfil de quién podría asumir el control de la terminal aérea, Zapata citó ejemplos como los operadores de los aeropuertos de República Dominicana, varios de Estados Unidos, Sudamérica y Europa.
Voluntad política
Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Áreas (Agla), aseguró que durante el evento se escucharon las propuestas claras y directas de las necesidades que se deben cubrir en un aeropuerto, para que las aerolíneas puedan tener vuelos exitosos y seguros.
Comentó que es necesario el cambio de las leyes -aeroportuarias- para agilizar los procesos, “pero más que todo, se requiere voluntad política, la conciencia de que el aéreo es un transporte transversal que no solo mueve turistas, hombres de negocios y familias, sino también la carga aérea; y para que eso sea un negocio rentable, se necesita la infraestructura adecuada”.
Añadió que la falta de infraestructura representa sobre costos, carencias y altos impuestos, por lo que las aerolíneas deciden buscar mercados donde encuentren la mejor rentabilidad.
A su juicio, la relación entre el sector público y privado es importante e imprescindible, para que exista una fortaleza y los planes se conviertan en realidad.
Enrique Beltranena, fundador y presidente ejecutivo de la compañía Volaris, presentó varias fases en su exposición y una de ellas es que Guatemala necesita separar la parte regulatoria de la operativa, lo que debe considerarse una propuesta fundamental y clara, “porque no se puede tener al regulador como administrador del AILA”.
A su juicio, el gobierno puede ser el que financie el crecimiento de la aviación y de los aeropuertos mediante concesiones o alianzas público-privadas, permitiendo la participación del sector privado en la aviación. Al consultarle sobre las condiciones de la participación privada, aseguró que sí las hay.
Posiciones
Raúl Bouscayrol, presidente de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que están completamente alineados al modelo APP, “y no se está inventando el agua azucarada ni la rueda, sino que es algo que funciona perfectamente bien en la mayoría de los países del mundo”.
“Toda crisis debiera atraer oportunidades porque cualquier persona que utilice los servicios del aeropuerto, que haya recorrido las carreteras o vea el estado de los puertos, debe reconocer que el modelo actual ya caducó”, enfatizó.
Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que el sistema aeroportuario puede ser un buen ejemplo de todo lo que podemos hacer.
Recordó que en el mundo hay especialistas en el manejo de aeropuertos, puertos y en el manejo de carreteras, pues el gobierno no puede ser especialista. “En la medida en que se puedan lograr esos modelos y hacer esa infraestructura, se va a promover un desarrollo grande en todo el país”.
Normativa y operaciones
Fernando Suriano Buezo, viceministro del CIV, afirmó que se están trabajando tres fases en el área aeroportuaria y la primera consiste en corregir el desorden administrativo que se tenía en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en el AILA, para que se permita la ejecución de las obras que quedaron pendientes en la última década.
La segunda fase es legal y trata de la separación de las funciones normativas de la parte operativa; en esta última se puede incluir a terceros con un capital mixto para administrar el AILA para mejorar el servicio en el mediano y largo plazo.
También se están preparando las condiciones para hacer una APP, una vez se ordene todos los procesos, pero antes se debe modificar la legislación respectiva.