ABC manifestó su intención de arrendar 150 mil metros cuadrados en el Puerto Santo Tomás de Castilla por US$3 millones durante 30 años; cuando el valor de dicha concesión es de US$240 millones.
Los integrantes de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) definirán si aprueban o no el contrato con la empresa rusa Atlantic Bulk Cargo, S. A. (ABC) para el arrendamiento de 60 mil metros cuadrados por 20 años.
La entidad rusa propuso hacer un pago de US$1 por cada metro cuadrado de alquiler, pese a que el régimen tarifario detalla que el pago mensual es de US$4.50 en una zona primaria. El país debería recibir un pago anual de US$3.24 millones, pero con la oferta de los mineros rusos se dejarían de percibir US$2.52 millones.
Para Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, si la Junta Directiva de la Empornac aprueba el contrato con ABC podría incurrir en el delito de fraude por aceptar tarifas menores a las establecidas, lo que significa un mal negocio para el Estado.
Agregó que otros delitos en los que podrían incurrir los integrantes de la Junta Directiva al avalar el negocio son incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y falsedad material.
La ley guatemalteca contempla una pena máxima de cuatro años de prisión a quien cometa el delito de fraude. El incumplimiento de deberes es penado con tres años de cárcel, el tráfico de influencias con seis y la falsedad material con seis.
Marroquín enfatizó que la Junta Directiva busca disfrazar una concesión como un arrendamiento y se estarían perdiendo oportunidades de desarrollo, infraestructura y de servicio porque la empresa considera la construcción de un muelle, función que ya tiene la portuaria.
“Se consumaría una estafa igual a la de TCQ y estaría sujeta a acciones legales porque está en contra de los intereses del Estado”, dijo Marroquín. Agregó que la negociación no responde al plan maestro de desarrollo de la portuaria y no se dio un proceso de competencia para establecer la mejor oferta.
De la misma manera, el diputado Carlos Barreda manifestó que si la Junta Directiva cumple el contrato con la figura de arrendamiento cometería el delito de fraude, porque debería conocerse como una concesión.
Barreda indicó que se planteará la solicitud de informe circunstanciado sobre las negociaciones y relación contractual que se tenga con Atlantic Bulk Cargo, S. A.
Concesión disfrazada de arrendamiento
El presidente de la Comisión Integral Regional del Congreso, Luis Fernando Pineda, explicó que la Junta Directiva de la Empornac tiene la obligación de realizar un análisis técnico, jurídico y financiero profundo para determinar la viabilidad del contrato.
El diputado destacó que a la fecha el actuar de la Junta Directiva es cuestionable por manejar el proceso con discrecionalidad y sin términos claros, además de carecer de un análisis con documentos de soporte. Agregó que durante una citación se presentó el dictamen técnico de seis departamentos de la portuaria en dos hojas sin fundamentos.
Para el politólogo Renzo Rosal la decisión de aprobar el contrato de arrendamiento supera la competencia de la Junta Directiva de la Empornac, ya que el negocio interviene en el erario de la portuaria, pero también representa una carga financiera, jurídica, ambiental y de operaciones para Guatemala.
Inicio de negociaciones
La empresa rusa que se dedica a la extracción de minerales busca obtener en arrendamiento un terreno del Puerto Santo Tomás de Castilla desde enero pasado. La propuesta inicial fue alquilar un terreno de 150 mil metros cuadrados por 30 años por US$3 millones. Insisten que el espacio está en un área ociosa, sin construcción, urbanización ni servicios, por lo que consideran que el precio de renta debe ser menor a lo establecido por la inversión que requiere.
No está en agenda
El director suplente del Ministerio de Finanzas ante la Junta Directiva de la Empornac, Juan Blas, indicó que aún no hay un punto en la agenda de la próxima reunión para discutir el tema. Agregó que ABC no presentó la documentación necesaria con respaldos de estudios técnicos que den soporte a la solicitud de arrendamiento.
Fuente: elPeriódic