En 2014, Roberto Gordillo Coronado, alias Minga, fue condenado a 40 años de prisión por la muerte de dos personas y causar heridas a otras tres en Izabal. Después de purgar 11 años de prisión, un juez ordenó que se le permita salir de prisión con un brazalete electrónico de control telemático.
Gordillo guardaba prisión en la cárcel de Izabal, pero en noviembre de 2024 fue trasladado a la cárcel Renovación 1, porque presuntamente estaba vinculado con una estructura de cobros ilegales a otros privados de libertad, conocido como talacha.
De acuerdo con autoridades de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob) se han instalado 186 brazaletes electrónicos a personas en prisión preventiva, y uno más a un condenado por homicidio.
“Este ha sido el único caso y se obedece a la resolución de un juez. Son 187 personas que actualmente son beneficiadas con el dispositivo; solo una de ellas cumple una condena por homicidio, el resto son sujetos que aún se encuentran pendientes de que concluya su proceso penal”, añadieron autoridades de esa dependencia.
El 8 de diciembre de 2014, el Ministerio Público informó que Roberto Gordillo Coronado, alias Minga, fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Once años después, el 11 de abril pasado, el Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal de Chiquimula le ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) que le coloque un dispositivo de control telemático para que pueda salir de la prisión y pueda movilizarse en en Puerto Barrios, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Guatemala, según detalla la resolución.
La orden judicial detalla que los gastos por el uso del dispositivo correrán por cuenta del Mingob durante los próximos 29 años, plazo que dictó el juzgado.
Condena contra Gordillo
En diciembre de 2024, MP publicó que la Fiscalía Distrital de Izabal logró convencer al Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de que Roberto Gordillo Coronado fue responsable por los delitos de doble homicidio y de homicidio en grado de tentativa.
“Gordillo Coronado fue sentenciado a 40 años de prisión inconmutables; por cada uno de los homicidios el tribunal le dio 15 años, y 10 por los tres homicidios en grado de tentativa”, afirmó el MP en esa ocasión.
Agregó que el expediente consigna que el 9 de julio de 2008, en la 14 calle entre 15 y 16 avenida de Puerto Barrios, Izabal, Gordillo fue responsable de atacar a balazos a Fulvia Nataly Nolasco González y a Jorge Pablo González, quienes fallecieron, y a otras tres personas que resultaron heridas.
Comentó que el móvil investigado por los fiscales se relaciona con un incidente ocurrido esa noche en el interior de un baile. Al salir, las víctimas fueron seguidas por Gordillo, quien las atacó a balazos en un sector solitario.
Analistas advierten que podría marcarse un precedente
De acuerdo con el abogado Francisco Cortez, el juez de Ejecución de Chiquimula cometió el delito de prevaricato y el MP debe actuar de oficio para iniciar un proceso de antejuicio contra el togado.
“De conformidad con los artículos 73 y 79, que fueron reformados en el Código Penal a través de la Ley de Control Telemático, no se le pudo haber otorgado este beneficio a la persona”, expuso.
El artículo 73 establece que no se otorgará el beneficio de libertad condicional a personas condenadas por delitos graves, como homicidio.
Agregó que no se pudo haber ordenado colocarle el control telemático al reo, aunque en un futuro se estuviera sometiendo a la redención de la pena y obtener una libertad anticipada.
El recluso, catalogado como de alta peligrosidad por el Ministerio de Gobernación, podría representar un peligro para la ciudadanía al ser dejado en libertad, de acuerdo con el experto.
Además, enfatizó que este tipo de resoluciones podrían marcar un precedente para que otros condenados por delitos dolosos soliciten el beneficio del control telemático.
“Podría marcar un precedente, pero los jueces que lo otorguen tienen que estar sabidos de que ahí existe el delito de prevaricato, y el MP, de oficio, debe iniciar un antejuicio contra ese juzgador de Ejecución que dictó esta resolución aberrante y a todas luces ilegal”, enfatizó.
Cortez calificó la resolución del juez como una burla, no solo para el sistema de justicia, sino también para las familias de las víctimas.
El doctor en criminología y analista independiente Federico Reyes afirmó que la sentencia por homicidio es inapelable y calificó de sospechosa la resolución del juez, ya que Gordillo pasará los 29 años que le restan de condena en libertad.
“Eso deja en tela de duda el actuar del Organismo Judicial. Faltaría ver cuál es la posición del MP, porque ellos son los que tienen que apelar una decisión”, argumentó.
El MP afirmó que este lunes 14 de abril, por medio de la Fiscalía de Ejecución, presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución Penal de Chiquimula.
«A pesar de los argumentos presentados por la fiscalía durante la audiencia del pasado viernes, dicho órgano jurisdiccional resolvió beneficiar a Roberto Gordillo Coronado, otorgándole control telemático. Este último fue condenado en 2014 a una pena de 40 años por dos homicidios y por homicidio en grado de tentativa», dijo el ente investigador.
Según el argumento del MP, no se cumplen los requisitos que establece la ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, así como la Ley del Régimen Penitenciario y su reglamento.
El Organismo Judicial señaló que el juez goza de independencia judicial y al respecto de sus resoluciones no se emitirá opinión considerando que se puede conocer en algún momento una solicitud de antejuicio.