Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, se refiere a la ley contra la ciberdelincuencia e indica que contiene “disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos”.
Diversas reacciones, criticas y rechazo ha generado el recién aprobado decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, la cual fue elaborada con el objetivo de proteger integralmente a las personas, sus bienes y derechos, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información.
Sin embargo, sectores de la sociedad civil, prensa y defensores de Derechos Humanos señalan que podría ser utilizada como una herramienta contra la libertad de expresión de particulares y medios de comunicación.