El exministro pide que al igual que el resto de acusados se le conceda el beneficio del arresto domiciliario.
El exministro de Comunicaciones José Luis Benito presentó un recurso de apelación contra la resolución de la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, quien lo envió a prisión preventiva por haber peligro de fuga en el caso Libramiento de Chimaltenango.
La defensa del exministro impugnó dicho fallo porque considera que Benito no se dará a la fuga y también porque, según ellos, todos los procesados en este expediente judicial fueron beneficiados con medidas sustitutivas dentro del caso.
Uno de los argumentos de los abogados del exfuncionario es que se debe aplicar una “igualdad procesal” con su defendido. En el proceso ninguno tiene prisión preventiva, todos tienen medidas sustitutivas, él debe tener el mismo beneficio, señalaron en la apelación.
Dicho recurso legal tiene como fin que se deje sin efecto la decisión de la juzgadora y se impongan distintas medidas en sustitución de la prisión preventiva. Entre estas que pueda salir de Mariscal Zavala y permanecer en arresto domiciliario.
La impugnación se interpuso en el juzgado y debe ser remitida a una Sala de Mayor Riesgo para que analice los argumentos vertidos por los defensores. El Ministerio Público (MP) ya fue notificado de lo presentado por el acusado.
El proceso
El pasado viernes, la jueza Silvia de León procesó por fraude al exministro de Jimmy Morales, por haber avalado el supuesto contrato fraudulento que concedió el proyecto para la finalización de los trabajos de construcción del Libramiento de Chimaltenango.
De León analizó los hechos expuestos por la Fiscalía contra la Corrupción durante más de dos horas e hizo un llamado de atención al MP por no explicar ampliamente las irregularidades que pudo cometer el exfuncionario.
Según la fiscalía, la investigación estableció que los sindicados defraudaron al Estado de
Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública.
Este proyecto tuvo un costo de más de Q500 millones. La semana pasada 22 personas fueron enviadas a juicio por diferentes delitos e implicación en este expediente judicial.