Durante los últimos meses, los principales puertos del país enfrentan una crisis operacional que afecta a toda la cadena del comercio exterior y amenaza con desviar la carga a países vecinos.
La Comisión de Transparencia y Probidad Congreso de la República citó a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y de los Ministerios de Gobernación, de Agricultura y de Comunicaciones, así como a directivos de las portuarias para revisar la situación del despacho de contenedores en Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.
Luego de escuchar las quejas de los usuarios respecto a tiempos de espera, cantidad y modalidades de revisión de contenedores y carga en general, así como los costos que esto genera, se decidió instalar una mesa multisectorial que sostendrá reuniones constantes para discutir, hacer propuestas y buscar soluciones urgentes a los problemas de los puertos, mientras concluyen licitaciones, compras, revisión de procedimientos u otros trámites de más largo plazo.
“Hay buena voluntad de parte de las instituciones para mejorar el servicio y la atención, porque todo esto va a redundar en que el país sea más competitivo o no; y hoy tenemos la amenaza de algunas navieras que ya no quieren venir a Guatemala y que van a trasladar sus operaciones a otros puertos y eso redunda en un retraso en el desarrollo. Es claro que se necesita invertir en infraestructura”, explicó el diputado Rodrigo Pellecer, quien preside esa sala legislativa.
La metodología de discusión será por medio de una sola mesa donde se invitará a todos los sectores y funcionarios que participaron en la sesión de este lunes 26 de agosto, explicó el legislador. “Es importante que haya coordinación entre entidades porque se pueden hacer operaciones conjuntas interinstitucionales y eso redunda en que se tenga un mejor tiempo y lo que a su vez representaría menos gastos para los importadores, porque hay que entender que todo lo que gastan los importadores, al final lo paga la población, porque nadie invierte para perder, y si el costo subió, va a subir el precio de venta”, añadió.
Por lo tanto, se prevé la primera reunión para la semana próxima con el tema específico de la agilización y despacho de los contenedores, por lo que también se coordinarán visitas a las tres portuarias.
“En teoría, ellos dicen que un contenedor debería de estar 7 o 9 días en puerto, pero muchos se quedan hasta 18 días y hay que buscar soluciones porque tener un contenedor en cuesta entre US$125 y US$180 diarios”, explicó.
Problemas de todo tipo
Walder Velásquez, presidente de la Asociación de Gestores Aduaneros, expuso que hay ocasiones en que un contenedor llega a pasar hasta seis retenciones para revisión. Entre estas: Dirección División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), que forman parte la PNC; el selectivo rojo de la SAT; rayos X y de nuevo la SAT por medio de la Unidad de Control de Contenedores (UCC); y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
Velásquez criticó que por medio del UCC se están violentando convenios internacionales respecto de la facilitación del comercio y agregó que tampoco hay normas claras, ya que cada revisor tiene un criterio diferente, mencionando el caso de un importador de zapatos que lleva más de 11 días retenido en uno de los puertos del país para revisar la marca del producto.
En tanto, Jorge Zibara, presidente de la Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, dijo que los costos son excesivamente altos respecto a otros países, aparte de que anteriormente, entraba un contenedor a las 8 de la mañana y alrededor de las 4.30 de la tarde ya podía retirarse. “Pero no solo se amplió el tiempo de espera, sino que los costos de una revisión han subido hasta 6 o 7 veces. los de antes. Además, hizo notar las diferencias de horarios laborales entre entidades, lo que también retrasa las actividades.
Ante esto, las autoridades de Gobernación, como el viceministro Werner Ovalle, y el intendente de Aduanas de la SAT, Edwin Curtidor, explicaron el funcionamiento de la UCC y las revisiones que se hacen, las cuales varían según la gestión de riesgo.
Por aparte, Claudia de Del Águila, Gerente de competitividad de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), explicó que 33% de las exportaciones tienen como destino a Estados Unidos y el costo por mantener varado un contenedor puede llegar hasta los US$8 mil 500, por lo que solicitó revisar la metodología de inspección.
La ejecutiva dijo que los puertos ya se encuentran a nivel de crisis, explicó que «los incrementos de costos nos pueden sacar del mercado», y que eso, unido a la falta de inversiones ha llevado a que el flete de un contenedor de fruta o de vegetales a Miami pueda costar hasta US$8 mil 500, aunque estamos a tres días, se ve minimizada esa ventaja con los incrementos de costos», por lo que propone hacer un análisis de riesgo por parte de cada entidad, entre otras medidas.
Ovalle explicó también que dicha entidad tiene a cargo la coordinación de la UCC y que, entre delegados de aduanas, Ministerio Público (MP) y PNC realizan el análisis de riesgo de lo que llega a cada puerto del país.
“Las revisiones varían según el origen de la carga y lo que le interesa revisar a una entidad puede no interesarle a otra”. Como ejemplo expuso un caso en el que se decomisaron 13 armas de alto calibre, las que se encontraban dentro de un contenedor y cuyo destino era Huehuetenango.
Curtidor expuso por su parte que, según datos al 22 de agosto de 2024 se han registrado 36 mil 102 declaraciones para importación en Santo Tomás de Castilla de las cuales 31 mil 682 “dieron verde” -es decir que la aduana no interviene en ningún proceso y lo cual debiera salir directamente salvo que hubiera alguna retención o alguna inspección por el Maga u otra entidad-.
En esa portuaria, de las importaciones se ha revisado el 12% (en rojo), para la exportación el 3% y para lo que va en tránsito, interno 0.4%. Pero a nivel nacional, en todos los puertos el promedio de revisión de importaciones es alrededor del 9%, se indicó.
Los problemas en Empornac
Por aparte, José de la Peña, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), expuso que las autoridades velan, cada quien desde su competencia, para evitar que entre producto con ilícitos al país, pero hay que hacer cambios para mejorar la eficiencia en operatividad “a lo que algunos se oponen” y parte de eso fue el bloqueo que se tuvo hace alrededor de un mes.
Explicó que en ese puerto hay dos problemas: uno es a nivel operativo ya que la rampa de revisiones totales en el 2023 fue de 12 mil 650 contenedores, lo que representó un ingreso de Q9 millones 120 mil pero el gasto fue de Q10 millones 456 mil.
“Aparte están los costos de otros requisitos que se deben cumplir con autoridades como la Comisión Portuaria Nacional, la SAT y otras. Se alega mucho que se quiere privatizar el puerto, pero eso no es cierto, solo se quiere subcontratar una rampa de revisión para hacerla más eficiente”, explicó.
También comentó que hay dos tipos de revisiones: una en la bodega 5 y otra en la 9. En esta última, solo cargar y descargar la mercancía para que las autoridades puedan entrar a inspeccionar, demora un día y medio. Luego hay que regresarla al contenedor y ponerle el marchamo”.
En cambio, la bodega 5, que fue tercerizada se tarda un máximo de tres horas, por lo que “tenemos que empezar a romper esos esquemas que empiezan por intereses particulares”, agregó.
La Empornac cuenta actualmente con 5 grúas, pero expuso que lo ideal sería de 2 a 4 grúas por buque para operar en el muelle, indicó.
Grúas: contratación será por gestión indirecta
En esa reunión también participó Enrique Gil, como representante Ministerio de Comunicaciones, quien es integrante suplente de ese ministerio ante la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
El funcionario explicó en forma general la situación en los puertos pero en especial en EPQ y el caso de las grúas: Al estar funcionando solo una o dos grúas en esa portuaria por parte de la empresa que ya tenía contrato desde hace varios años, se lanzó una manifestación de interés y en tres o cuatro meses se prevé tener resuelto en un 50% a 60% las colas de buques.
Consultado por diputados si el contrato actual es lesivo para el Estado ya que la empresa no presta el servicio con todas la grúas contratadas, explicó que el contrato no es por un monto total, sino que el pago se realiza de acuerdo con el servicio prestado con cada grúa o actividad. “Es decir, si prestan servicio con una grúa, eso es lo que se paga”.
Pero admitió se está causando retraso en la carga y descarga, por lo que “la intención es generar competencia contratando otra empresa”.
Pellecer refirió haber visto el contrato y una cláusula que menciona que por desperfectos no se puede culpar a la empresa ni es motivo para rescindir el contrato, a lo que se respondió que está en desarrollo un evento para que haya más empresas brindando el servicio de grúas para no depender de una sola y ver también cómo se puede cancelar este contrato.