Los beneficios incluidos en la propuesta de la ley 6076 se aplicarían para agentes de la SAAS, policías, guardias penitenciarios e integrantes del Ejército que usen la fuerza contra los ciudadanos.
La alianza oficial busca enviar el proyecto de ley para una opinión de la Corte de Constitucionalidad.
La iniciativa de ley de Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército, que avanza en primera lectura en el Congreso, establece dos beneficios para los agentes estatales que enfrenten un proceso penal por usar la fuerza contra los ciudadanos: arresto domiciliario y la defensa gratuita.
El arresto domiciliario se aplicaría para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) y el Ejército, “con el objetivo de garantizar su derecho al trabajo”, según el artículo 12 de la iniciativa.
Sobre la aplicación de medida sustitutiva, vía el decreto, el abogado Marco Canteo considera que hay un choque con el principio de independencia judicial, ya que prácticamente se le dice al juzgador cómo debe resolver en esos casos. Varios jueces han señalado que por peligro de obstaculización de la investigación, los funcionarios procesados por actos relacionados con su función deben permanecer en prisión preventiva, como las fiscales Virginia Laparra y Samari Gómez.
Debilidad institucional
El proyecto de ley se promueve en un contexto de debilidad institucional; sería distinto si tuviéramos instituciones sanas y fortalecidas, reflexiona Canteo, pero por ejemplo la carrera policial no se termina de consolidar ni despolitizar. Tampoco se tiene confianza en los órganos de control de la PNC y el MP, los cuales han perdido la credibilidad, añade Canteo.
Los diputados promotores de la iniciativa la presentan como un marco para respaldar las funciones de las fuerzas de seguridad en choques con la población. ¿Qué se entiende por uso de la fuerza? órdenes verbales, técnicas de defensa personal, uso de equipo para neutralizar las agresiones de los ciudadanos, de acuerdo con la iniciativa.
A Leonardo le preocupa que el proyecto reconozca un principio de “oportunidad” para el uso de la fuerza, cuando los estándares internacionales, del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, dictan que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la “excepcionalidad”, es decir que debe ser la última opción, cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios.
Por desobedecer
En su artículo 6, la iniciativa aborda una serie de condiciones para el uso de la fuerza, que ignora el derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los agentes estatales no pueden usar armas de fuego contra las personas, salvo en los siguientes supuestos: defensa propia; defensa de otras personas; en caso de un peligro inminente de muerte o lesiones graves; con el fin de evitar la comisión de un delito grave que ponga en peligro el derecho a la vida; con el propósito de detener a una persona que represente un peligro y que oponga resistencia o para impedir su fuga.
Ese artículo señala como una condición para usar la fuerza la concurrencia de “resistencia pasiva o activa”, y define esta última como la negativa de una persona o un grupo a “obedecer órdenes legítimas, comunicadas de manera verbal y directa” sin que esa resistencia implique peligro para la integridad de terceros.
Rechazo
Los 48 Cantones de Totonicapán piden que la iniciativa no se apruebe y se elimine de la discusión legislativa. Las comunidades de Totonicapán experimentaron la represión de la fuerza pública en octubre de 2012, cuando una patrulla militar disparó contra manifestantes durante el bloqueo en el kilómetro 169 de la Ruta Interamericana. El MP determinó que seis vecinos fueron ejecutados de forma extrajudicial y otros 50 resultaron heridos.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, faltó a su compromiso con los 48 Cantones de retirar la iniciativa de la agenda legislativa, y anunció que se enviará a consulta ante la Corte de Constitucionalidad.
Un año después de la manifestación del 21 de noviembre de 2020, el Ministerio Público no presenta cargos contra los responsables por la represión durante la jornada.