Guatemala no cuenta con una prisión capaz de contener a los pandilleros, por lo que el Congreso autorizó al Gobierno a buscar acuerdos con otros Estados y trasladar a reclusos condenados por pertenecer a maras.
La disposición, en materia de seguridad y control penitenciario, fue incluida como una de las enmiendas al decreto 11-2025, que contiene la nueva Ley Antipandillas.
La normativa fue aprobada luego de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de declarar como terroristas a los pandilleros y luego de una reciente fuga masiva que evidenció la fragilidad del sistema carcelario en el país.
El traslado de mareros a cárceles en el extranjero quedó establecido en un artículo transitorio, por lo que será una medida temporal, válida únicamente mientras se construye en Guatemala un penal de máxima seguridad.
Este martes 21 de octubre, el pleno del Congreso emitió el decreto, que pasará ahora a revisión de estilo y luego será enviado a la Presidencia de la República. El mandatario Bernardo Arévalo deberá sancionarlo o vetarlo.
En caso de ser aceptada, la norma se publicará en el diario oficial y entrará en vigor un día después. A partir de ese momento comenzará el conteo para construir el nuevo centro penitenciario.
“En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Gobernación deberá iniciar la construcción de un centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, y otro centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad para los grupos antes mencionados”, señala el artículo.