El Ministerio Público (MP) desarrolla este martes 21 de octubre allanamientos en el Ministerio de Salud por el «Caso Unops: Corrupción Presidencial».
Las autoridades buscan ejecutar órdenes de captura, una de ellas contra el exministro de Salud Óscar Cordón, y presentarán solicitud para retirarle la inmunidad al actual titular de la cartera, Joaquín Barnoya, confirmó una fuente.
El MP investiga aparentes anomalías en un convenio por Q7 mil 274 millones 272 mil que suscribió el Gobierno de Arévalo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). En la investigación se menciona al presidente, al hermano del presidente, al ministro Jonathan Menkos, al diputado Samuel Pérez y a Gustavo Alejos, según la fuente.
El ente investigador indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza 10 inspecciones oculares y ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como en cinco farmacéuticas.
“Estas diligencias se dan en seguimiento al caso Unops y buscan también ejecutar cuatro órdenes de captura, así como una solicitud de retiro de antejuicio”, afirmó la fiscalía.
Denuncias en el caso
Mientras los cateos continúan en desarrollo, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, brindó una conferencia de prensa y compartió una reseña de la investigación. El fiscal recordó que, en abril del 2024, recibieron denuncias que señalaban supuestas irregularidades.
Según afirmó Curruchiche, una de las denuncias indica que, supuestamente, el presidente Arévalo, durante su campaña y ya como mandatario, se habría beneficiado del apoyo de entes internacionales; derivado de ello, se firmó un contrato con la Unops.
El fiscal afirmó que, según la investigación, hubo una serie de ilegalidades, pues se habrían utilizado fondos ajenos al presupuesto de la Nación, y se aprovecharon supuestos lazos familiares con funcionarios de esos organismos internacionales, lo que facilitó negociaciones que no beneficiaron al país.
La segunda denuncia, según Curruchiche, se refiere a Gustavo Alejos, a dos de sus familiares, al actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya; a Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; a Martín Arévalo, hermano del presidente, y al diputado Samuel Pérez.
La acusación señala un supuesto mecanismo de corrupción en el Ministerio de Salud, tras la firma de un convenio entre esa institución y la Unops.
De acuerdo con Curruchiche, Martín Arévalo jugó un papel preponderante y, además, el mandatario habría instruido a Barnoya sobre cómo realizar las compras.
El fiscal explicó que, más adelante, en la investigación apareció Gustavo Alejos, pues, una vez que Arévalo le permitió presentar su modelo de negocio, este lo habría aprobado, y las empresas de Alejos, supuestamente, comenzaron a recibir millonarios contratos por más de Q223 millones en el 2025.
Curruchiche afirmó que Alejos y uno de sus hijos habrían depositado el dinero en Uruguay, Panamá y Costa Rica. Supuestamente, cuando el presidente lo requiere, se lo entregan en efectivo en una oficina.
El fiscal indicó que Martín Arévalo habría ordenado al ministro de Salud la entrega de los proyectos; luego, supuestamente, llamaban a Menkos para que realizara los pagos de forma inmediata.
Órdenes de captura
Curruchiche afirmó que las órdenes de captura incluyen a María Gabriela Vélez Chaulon, asesora del Despacho, por supuesta asociación ilícita y tráfico de influencias.
También se giraron contra Edwin Romeo Sicán, director administrativo, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción..
Además, contra Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Salud, por falsedad ideológica. Según el fiscal, esta persona ya fue capturada.
El fiscal también informó que han solicitado una orden de captura contra el exministro de Salud, Óscar Cordón, por los delitos antes mencionados.
Finalmente, indicó que se ha solicitado el retiro del antejuicio contra el actual ministro Joaquín Barnoya por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Postura de Salud
El Ministerio de Salud expresó, mediante un comunicado emitido el 21 de octubre de 2025, su compromiso con la salud de la población y con la transparencia en la gestión pública. La institución destacó que ha priorizado el fortalecimiento de la red de servicios de salud, el acceso a medicamentos de calidad a bajo costo y el fortalecimiento institucional.
De acuerdo con el documento, se han brindado más de un millón de consultas en 78 servicios nuevos y remozados, y se han presentado 372 denuncias entre 2024 y 2025 como parte del combate a la corrupción. También informó que, en el marco de un convenio con la UNOPS, se desembolsaron 31.6 millones de dólares (Q250 millones) para el abastecimiento de medicamentos, equipo y material médico quirúrgico.
Ante las acusaciones en su contra, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que los procedimientos derivados del convenio “han cumplido con las leyes del país” y que la auditoría financiera de la Contraloría General de Cuentas del ejercicio fiscal 2024 “no notificó hallazgo alguno en el convenio con Unops”.
El Ministerio reiteró su disposición a colaborar con las instancias de investigación competentes, “sin aceptar intimidaciones”, y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante porque “está en juego el Estado de Derecho del país, elemento vital para asegurar el bienestar, que incluye la salud, de millones de guatemaltecos”.
Finalmente, la cartera de Salud aseguró que continuará desarrollando sus programas “con la máxima transparencia, fiscalización interna y externa, y rendición de cuentas ante los organismos competentes y la ciudadanía guatemalteca”.