Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, viene en 19 idiomas y está en los bolsillos y carteras de millones de migrantes.
La tarjeta roja, como la conocen sus portadores, contiene una colección de consejos prácticos y derechos legales para los migrantes que puedan verse en el punto de mira de los agentes federales.
Aunque la tarjeta existe desde hace casi dos décadas, el interés por ella se ha disparado en el último mes, en medio de una oleada de edictos antiinmigrantes del presidente Donald Trump durante sus primeros días de regreso a la Casa Blanca. La organización sin ánimo de lucro Centro de Recursos Legales para Inmigrantes ha recibido pedidos de varios millones de tarjetas de todo el país, una demanda que su contratista de impresión se ha apresurado a satisfacer.
Eliseo, instalador de alfombras en el norte de California, guarda una en su billetera y otra en la guantera de su camioneta. Su esposa, María, guarda la suya en la funda de la parte posterior de su teléfono móvil. Su hijo de 13 años, ciudadano estadounidense, las ha distribuido entre sus compañeros de clase.
“Enseñas la tarjeta a los agentes”, dijo Eliseo, padre de tres hijos que lleva décadas en Estados Unidos. “Es la que habla”.
Como otros migrantes indocumentados entrevistados para este artículo, habló con la condición de que se le identificara solo por su nombre de pila.
La Constitución garantiza ciertas protecciones a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. La tarjeta destaca algunas que son especialmente relevantes para los migrantes indocumentados, como el derecho a guardar silencio, recogido en la Quinta Enmienda, y el derecho a negar la entrada al domicilio, recogido en la Cuarta Enmienda, a menos que un agente disponga de una orden firmada por un juez.
Pero por fundamentales que sean esos derechos, han creado fricciones en la lucha sobre cómo debe abordar el país la migración ilegal y cómo deben tratar las autoridades a los millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos.
Para muchos de esos migrantes, hacer valer los derechos esbozados en la tarjeta roja podría ser la diferencia entre ser deportado o permanecer en el país. Para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y otras agencias federales que intentan cumplir la promesa del presidente de llevar a cabo deportaciones masivas, esos mismos derechos son un obstáculo.
La migración fue un tema definitorio de la campaña presidencial de Trump, que volvió a la Casa Blanca prometiendo mano dura. En los primeros días de su gestión, el ICE destacó las redadas de migración y los vuelos de deportación, pero los agentes federales han tenido dificultades para cumplir las expectativas del presidente. Homan y otros han culpado a los funcionarios locales, a los grupos de defensa de los derechos de los migrantes y a los medios de comunicación de obstaculizar los esfuerzos de aplicación de la ley.
Aunque las medidas de deportación han dado lugar a menos detenciones de las prometidas, han suscitado un temor generalizado y han estimulado los esfuerzos para garantizar que los migrantes, especialmente los indocumentados, conozcan sus garantías legales. Las organizaciones han estado celebrando sesiones de “conoce tus derechos” para enseñar a los migrantes que pueden ocultar información personal y negarse a firmar documentos. La proliferación de las tarjetas rojas subraya la creciente ansiedad y los esfuerzos cada vez mayores para contrarrestarla.
Desde las elecciones, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, con sede en San Francisco, ha recibido pedidos de unos nueve millones de tarjetas, más que en los 17 años anteriores juntos. La mayoría de los pedidos proceden de organizaciones sin fines de lucro que las proporcionan a escuelas, iglesias, clínicas y bancos de alimentos, que a su vez las distribuyen a los migrantes.
Caryn Shapiro, profesora de secundaria en Columbus, Ohio, dijo que había repartido tarjetas en nueve idiomas, entre ellos árabe, chino, francés, pastún y ucraniano. “Los niños, sea cual sea su estatus, están aterrorizados por el ICE”, dijo.
En un día reciente, la imprenta contratada para imprimir las tarjetas las producía por cientos de miles. “Todo nuestro personal está trabajando en las tarjetas rojas”, dijo Troy Jones, quien es copropietario de la empresa, Printed Union, de San José, California.
En una sala, una impresora arrojaba 12 mil hojas por hora, cada una con 84 tarjetas en chino. En otra habitación, cajas de tarjetas etiquetadas como “ucraniano” y “ruso” estaban colocadas una al lado de la otra en un estante. Las pilas en árabe, farsi, criollo haitiano, hmong, punyabí y tigriña estaban listas para empaquetarse, y pronto se enviarían los primeros lotes en amárico, jemer y portugués.
Una computadora generaba etiquetas para los pedidos, tanto a los estados republicanos como a los demócratas. “Estamos enviando literalmente a todos los estados que puedas imaginar”, dijo Jones, tras recibir una llamada de una monja de Minnesota que pedía 250 en español. “La gente los necesita lo antes posible”.