Desde las sombras y con total hermetismo, magistrados, fiscales, operadores y abogados ya están en negociaciones políticas para alcanzar puestos de poder en las elecciones de segundo grado, cuyos nombramientos impactarán el sistema de justicia.
El próximo año deberán renovarse las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el fiscal general del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Desde el 2014 no coincidían procesos de elección de segundo grado. En aquella ocasión se trató del TSE y de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.
El principal reto del 2026 será concretar un proceso de elección objetivo y transparente en medio de los intereses políticos del año preelectoral, apuntan analistas.
La responsabilidad de las elecciones de segundo grado recae en diferentes instancias. Participan los magistrados de la CSJ —quienes no han definido su segunda elección presidencial y nombraron de manera directa a magistrados en cuatro nuevas salas de apelaciones—, así como de los 160 diputados del Congreso, que por mayoría decidieron incrementarse el salario, eliminar controles en la emisión de licencias ambientales y autorizar gastos exprés a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.