El general Milton Ubaldo Trujillo Sagastume fue ascendido de rango en el gobierno de Jimmy Morales.
Desde octubre de 2021, el general de brigada Milton Ubaldo Trujillo Sagastume es el encargado de los protocolos de seguridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su puesto se encuentra a cargo del presidente de ese órgano, Ranulfo Rojas Cetina, y sus funciones se concentran en brindar asesorías en asuntos de seguridad institucional, así como supervisar el “correcto” funcionamiento de las políticas de esa materia en el órgano electoral.
Trujillo Sagastume posee una licenciatura en Tecnología y Administración de Recursos, según su contrato 514-2021, vigente hasta el 31 de diciembre de este año, en el que se le asignó un salario de Q15 mil mensuales. El militar asumió el cargo en el TSE cuatro meses después de que Ranulfo Rojas tomara la presidencia del Tribunal en medio de cuestionamientos por haber utilizado una certificación falsa durante su postulación como magistrado, según reveló una investigación de elPeriódico.
El asesor de seguridad pertenece a la cuestionada promoción 108 de la Escuela Politécnica, de la cual también formaron parte el exdiputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Estuardo Galdámez, o Érick Fernando Melgar Padilla, hermano del actual legislador, también del FCN-Nación, Herber Armando Melgar Padilla. Todos cercanos al exmandatario de la República Jimmy Morales.
Según el Acuerdo 262-2017 del Ministerio de la Defensa Nacional, Trujillo Sagastume fue ascendido a general de brigada el 12 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales. Ese mismo día, también fue promovido al mismo cargo el entonces coronel Érick Melgar Padilla.
De acuerdo con los términos de referencia que el TSE utilizó para contratar al militar como asesor de seguridad, las funciones de Trujillo son amplias: entre estas se encuentra la elaboración de manuales de procedimientos de seguridad, así como planificar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades del personal y establecer mecanismos “adecuados de comunicación y coordinación”.
Contrataciones cuestionadas
Los magistrados del Tribunal contrataron, sin cumplir los procesos establecidos, a 59 personas para cargos como asesores, mandos medios y administrativos, por lo que el Sindicato de Trabajadores del TSE (Sittse) impugnó esas designaciones esta semana.
Entre estas contrataciones se halla la del general de brigada supervisado por el magistrado Rojas. Pero también se encuentran otros perfiles cuestionados como el de Elena Judith Orozco De León, quien fue acusada de peculado por sustracción y falsedad ideológica en el caso penal Asalto al Ministerio de Salud, quien fue nombrada como oficial de la Secretaría General del TSE.
Otra persona que asesora a los magistrados del Tribunal desde el año pasado es Marta Eugenia Reyes Archila, quien fue sindicada de lavado de dinero por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso Fénix, en el que se señaló la existencia de una supuesta red criminal vinculada con el operador político Gustavo Adolfo Herrera Castillo, de blanquear dinero ilícito y relacionado con un contrato en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Ni el presidente del TSE ni las magistradas Blanca Alfaro y Elizabeth Palencia respondieron las llamadas a sus teléfonos celulares, con las que se buscaba cuestionarles las últimas contrataciones en el Tribunal.
Las actas falsas
elPeriódico reveló en junio de 2021 que el magistrado Ranulfo Rojas y el togado Suplente del TSE, Marco Cornejo Marroquín, presentaron en 2020, a la Comisión Postuladora, certificados de graduación sin haber completado los cursos de un doctorado y una maestría ambas en la Universidad Da Vinci (UDV), respectivamente. Ocho meses después, el Ministerio Público, no ha presentado antejuicios contra los funcionarios pese a que la UDV comprobó que las actas eran falsas.