El exfuncionario está vinculado en los casos de los Q122 millones y el Libramiento de Chimaltenango.
El exministro de Comunicaciones José Luis Benito acudió al Juzgado Penal de Mixco para entregarse a las autoridades por las dos órdenes de captura que tenía activas en los casos Libramiento de Chimaltenango y Q122 millones localizados en maletas, desde hace más de un año.
“En el Juzgado de Turno de Mixco se le hizo saber el motivo de detención a Benito Ruiz por su presunta vinculación en el caso de Q122 millones incautados en La Antigua Guatemala”, informó el Ministerio Público (MP).
Benito luego de conocer las razones de su detención en ese juzgado, permanecerá detenido provisionalmente en la cárcel de Mariscal Zavala, hasta que solvente su situación legal en el Juzgado de Mayor Riesgo “D” y Mayor Riesgo “C”.
El juzgado en el que se entregó el exfuncionario debe remitir la consignación a cada judicatura y luego se programará la audiencia de primera declaración.
“La FECI está a la espera de que se fije fecha para la audiencia de primera declaración”, dijo el MP. El exministro está señalado de de lavado de dinero, fraude, abuso de autoridad y estafa propia.
“Ustedes saben que son cuestiones políticas y nos toca prepararnos emocional y legalmente”, aseguró Benito cuando fue trasladado a la prisión.
La Fiscalía contra la Corrupción confirmó que mantiene la sindicación por el delito de fraude relacionado con la construcción de la ruta alterna en Chimaltenango que ha colapsado en varias ocasiones. El caso contra otros seis señalados está en etapa intermedia. La presentación de Benito podría suponer el retraso del juicio, si la jueza lo vincula al proceso.
En la FECI, el señalamiento tiene que ver con el presunto lavado de dinero de los Q122 millones y el expediente también permanece activo, según Rafael Curruchiche.
Dos investigaciones
El 20 de octubre de 2020, la FECI, en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, pidió a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, girar la orden de aprehensión por lavado de dinero, que estaría vinculada con el hallazgo de Q122 millones en maletas en una residencia de La Antigua Guatemala.
El MP estableció el vínculo del dinero con el exministro al encontrar una maleta identificada con su nombre, además, hizo una relación contractual entre la sociedad desarrolladora del proyecto habitacional y una segunda sociedad que compró el inmueble.
La segunda sociedad otorgó en arrendamiento con opción a compra la residencia al exministro, un mes después de que este concluyó su labor como funcionario durante el gobierno de Jimmy Morales.
Cuando Sandoval fue destituido por Consuelo Porras, aseguró que uno de los motivos de su despido fue ese proceso que vincularía al gobierno del presidente Alejandro Giammattei. El 19 de febrero de 2021 fue allanada la residencia del exsecretario presidencial Giorgio Bruni.
Ayer, el exfiscal Sandoval publicó un tuit en el que refiere un posible arreglo en el caso de Benito. “Bien amarrados tienen los tamales que están cocinando en un barrio de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. ¡Fiscales de la impunidad!”, expresó en referencia al MP.
En julio de 2021, luego de que Mynor Moto se negó a girar orden de captura contra Benito, el Juzgado de Mayor Riesgo “C” la autorizó por el supuesto fraude de la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
De acuerdo con la fiscalía, Benito tuvo responsabilidad en las anomalías para constituir una nueva empresa para que le fueran designados dos contratos por esa obra de más de Q370 millones.
Sobrina de asesor de Porras defiende a Benito
La exfiscal Heidy Tamara de León, sobrina de Héctor de León Velasco, asesor de la fiscal general Consuelo Porras, es parte del equipo de abogados que defienden al exministro de Comunicaciones José Luis Benito. La abogada desempeñó una carrera de más de 10 años en el MP. Fue jefa de la fiscalía de Delitos Administrativos y al ejercer ese cargo entró en un conflicto con la entonces secretaria general del MP, Mayra Véliz.
De León mantiene una demanda contra Véliz, la procuradora adjunta de la oficina del PDH y otros funcionarios por supuestos abusos contra su hija menor de edad. El MP indagó datos de la niña para establecer el vínculo de De León con el magistrado de Apelaciones Henry Elías Wilson, en el marco de una investigación para tratar de establecer si las decisiones de De León como fiscal habrían beneficiado al padre de su hija. Ese caso se ha utilizado para promover la remoción del PDH, Jordán Rodas.