A propósito de injerencias extranjeras.
El gobierno que pide a un tercer Estado (Taiwán) que pague a sus cabilderos (trumpistas) en Washington, reclama ahora que hay injerencia extranjera cuando la comunidad internacional reunida en el G-13 solicita de manera educada y con todas las formalidades una reunión con la Comisión de Postulación de Fiscal General.
El concepto de las relaciones internacionales que aplica este gobierno es, por decir lo menos, alrevesado. Tampoco guarda las formas. El año pasado Giammattei giró una instrucción tan insólita como absurda y, por supuesto, inaplicable: los representantes diplomáticos acreditados que quisieran reunirse con diputados del ‘soberano’ Congreso de la República, debían tener aval, o sea, hacer el trámite por medio de la Cancillería.
Quizás es la manera habitual como se procesan los asuntos diplomáticos en Corea del Norte, con el dictador Kim Jong-un, pero no en una autodenominada democracia. Es más, ciertos regímenes autocráticos, como China y Rusia, tienen tal control y seguridad en el manejo de sus estructuras que nunca se van a despeinar por asuntos menores.
Desde hace más de 70 años el Estado de Guatemala se ha comprometido en decenas de convenciones internacionales a respetar los derechos humanos, la independencia de jueces y luchar contra la corrupción y el crimen organizado, entre otros deberes que son también constitucionales. Los países amigos simplemente solicitan que honren la palabra y ofrecen apoyo.
Giammattei se arroga la facultad de hablar en nombre de una Comisión de Postulación independiente, pretendiendo calificar con quién se reúne o no. Su comunicado, fechado el 22 de enero, es desafortunado, despótico y no oculta su menosprecio del juicio ciudadano y profesional de 12 decanos de las facultades de Derecho de las Universidades y de dos representantes del Colegio de Abogados.
Sobre la señora Silvia Valdés, que usurpa el cargo de magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia –y que además preside la Comisión de Postulación de Fiscal General– no puedo hablar de independencia, pues sigue ahí gracias a Giammattei, y actúa como su empleada. Lo más probable es que fue ella quien se quejó y Giammattei, sin criterio –pero con hígado– reaccionó con insensatez.
En la podredumbre de su poder Giammattei está asumiendo un rol de dictador decadente. Integró a su sabor y antojo la CC: violentó procedimientos, metió a la cárcel a los candidatos que no controlaba (Estuardo Gálvez), orilló al exilio a los designados (Gloria Porras) y colocó a quienes estaban siendo investigados por la FECI (Néster Vásquez y Leyla Lemus) cuando esta fiscalía era independiente. Giammattei es un ‘Danielito’ Ortega tardío.
En su absurdo comunicado “reitera que no permitirá injerencia… sea nacional o internacional” en las Comisiones de Postulación. En este gobierno la auditoría social es “injerencia nacional”, aunque “la soberanía radica en el pueblo”, como dice la Constitución.