Con la postura del Banco de Guatemala (Banguat) de rechazar el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI) para financiar la adhesión como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), incluida en el presupuesto de ingresos y egresos del 2026 aprobado por el Congreso de la República, persiste un debate técnico sobre la importancia de esas reservas en dólares.
Edwin Matul, exgerente general del Banguat, y Ramón Parellada Cuadrado, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), expusieron que las reservas monetarias juegan un papel clave en la economía y coincidieron en que no es recomendable su uso para financiar otros programas, además de que su empleo está prohibido por la Constitución.
Los diputados de esta legislatura, a petición del Ministerio de Finanzas (Minfin), aprobaron en la madrugada el artículo 85, “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banguat el uso de las RMI con el fin de efectuar la incorporación.
El banco central confirmó que en los próximos días presentará acciones legales contra el artículo 85.
Reservan monetarias respaldan emisión de quetzales
Aunque el asunto ahora está en el plano legal, Edwin Matul explicó el papel que tienen las reservas monetarias internacionales (RMI).
Aclaró que se les atribuye al Banco de Guatemala (Banguat) porque, para adquirirlas, la entidad tuvo que haber emitido quetzales. Así, el Banguat compra dólares al Gobierno Central cuando este se endeuda, o a los bancos cuando participa en el mercado cambiario. Por cada dólar registrado en el balance del banco central, se ha emitido una cantidad equivalente en quetzales.
Explicó que, por lo tanto, cada dólar que se utilice de las reservas debe tener una contrapartida, ya sea la reducción de los depósitos del Gobierno, del encaje bancario u otra operación de carácter desmonetizante.
En esos términos, trasladar recursos o hacer pagos en nombre del Gobierno Central, sin una contrapartida en quetzales, “automáticamente se debe considerar un crédito del Banco de Guatemala al Gobierno, lo cual está prohibido por la Constitución de la República”, afirmó.
Ramón Parellada Cuadrado coincide con ese planteamiento y reitera que no se pueden usar las RMI para financiar al Gobierno ni para otorgarle préstamos desde el banco central.
Recordó que el artículo 132 de la Constitución Política de la República “está clarísimo”.
También explicó que, tal como están constituidos hoy los bancos centrales, las reservas monetarias internacionales respaldan la emisión de quetzales. Por ello, en caso de una eventualidad, esos dólares deben estar invertidos en activos líquidos, que generan poco interés, pero pueden convertirse en efectivo rápidamente para enfrentar una corrida de quetzales u otro evento financiero.
Acudirán a la Corte de Constitucionalidad
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), respondió a Prensa Libre, que consultará a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de la legalidad del artículo aprobado por el Congreso de la República que autoriza el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para financiar la compra de acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La institución informó que actuará con estricto apego al marco jurídico y a los dictámenes técnicos correspondientes.
La institución recordó que este tipo de aportes no constituyen un gasto para el Banco de Guatemala, ya que el pago registrado en dólares únicamente representa un cambio en la composición de los activos. Actualmente, el banco central mantiene aportaciones de capital similares en organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Minfin indicó que aún no ha elaborado un análisis propio sobre el impacto del uso de las RMI para esta compra, pero solicitará al Banco de Guatemala un estudio completo. No obstante, adelantó que el monto de las acciones del CAF —US$40 millones— representa solo el 0.127% del total de reservas internacionales, que ascienden a US$31 mil 526.1 millones.