Mariano González Sáez participó el miércoles 9 de abril en el Foro del Agua: Alianzas para un Futuro Sostenible, organizado por la Cámara de Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex), donde compartió la experiencia de éxito del Canal de Isabel II, una empresa pública de España que gestiona el ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid.
Durante su visita a Guatemala, conversó con Prensa Libre sobre la importancia del recurso hídrico y los retos que enfrenta el país para lograr una gestión sostenible e involucrar a todos los sectores.
¿Cómo replicar en Guatemala la gestión del agua que se ha logrado en el Canal de Isabel II, en Madrid, España?
Los problemas del agua son pretéritos desde la historia de la humanidad. Las primeras civilizaciones se asentaban en los márgenes de los recursos de agua, porque el agua es vida, es salud, es bienestar, es crecimiento económico. También puede ser fuente de conflictos y de catástrofes, de crisis económicas, y es el recurso más impactado por el cambio climático.
Por lo tanto, le debemos prestar la atención que merece y situarlo en el debate político al nivel que corresponde, pero no sólo para debatir y hablar, sino para actuar.
No es fácil trasladar la experiencia del Canal de Isabel II aquí; es bueno que se conozca, pero la realidad del canal, de la gestión del agua en Madrid, es producto de 174 años de historia. La gestión del agua no se hace de un día para otro: requiere de rigor científico-técnico, liderazgo político, búsqueda de consenso y el compromiso de todos.
¿Cómo promover políticas públicas para la adecuada gestión del agua?
Eso exige voluntad política, liderazgo, una buena planificación, conocer con qué recurso contamos y los usos prioritarios, hacer proyecciones climáticas para las incertidumbres futuras y tener un marco jurídico adecuado, aunque una ley por sí sola no solucionará los problemas del agua.
Esa ley tiene que estar basada en una adecuada planificación, con conocimiento técnico, y tener una hoja de ruta trazada con inversiones: hacer infraestructura que evite la contaminación en los ríos, de depuración, de abastecimiento a la población, de garantía de suministro; y lo mismo el agua que sale de las industrias y de los domicilios: hay que tratarla para que llegue en las mejores condiciones a las masas de agua, para no contaminarlas.
¿En esa gestión tiene que haber una inversión público-privada?
En el modelo que tenemos en Canal de Isabel II para la prestación del ciclo urbano del agua, almacenamos el agua en embalses, la conducimos, la potabilizamos, la llevamos a las casas, a las industrias; luego canalizamos las aguas sucias a unas depuradoras, ahí la tratamos y termina en los ríos.
Eso requiere muchas inversiones que van en beneficio de todos, que garantizan la seguridad y calidad del recurso.
En el caso de España, por estar en el ámbito de la Unión Europea, el nivel de exigencia normativo es elevadísimo. Eso también nos hace ser ambiciosos en las inversiones, porque queremos estar a la vanguardia.
Aquí -en Guatemala- habría que hacer inversiones. Al tener una ley, hay que ordenar el recurso, pero ¿tiene capacidad el Gobierno, las municipalidades, para hacer esas inversiones y mantenerlas? La colaboración público-privada me parece esencial.
Una ley de aguas, con el escenario que tienen ustedes en Guatemala, exigiría concertar con el sector industrial y privado. Aquí hay un sector industrial potente, que contribuye al Producto Interno Bruto del país, que no puede quedar ajeno a una regulación de aguas. No puedes cortarles el grifo; habrá que ordenarlo, y eso solo se puede conseguir desde la colaboración y el entendimiento de todas las partes.