El presidente Bernardo Arévalo deberá respaldar o vetar la ley que permite el gasto exprés en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora que el pleno del Congreso rechazó las objeciones que buscaban engavetar el decreto.
El Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recibió nueve objeciones, todas presentadas por diputados oficialistas.
Las alertas por posible corrupción en la ejecución de proyectos, expuestas por los congresistas, solo resonaron en 36 diputados. En contraste, 91 votaron en contra, permitiendo que la ley siguiera su curso.
Ahora, el decreto pasará por corrección y estilo en el Organismo Legislativo, para luego ser enviado al Ejecutivo, en donde el presidente, Bernardo Arévalo, decidirá si lo sanciona o lo veta.
Hasta el pasado lunes, al ser consultado en conferencia de prensa, el mandatario no tenía una postura definida sobre la nueva ley, y se limitó a informar que se encontraba bajo análisis.
En la sesión de este martes 9 de septiembre, los diputados oficialistas intentaron —sin éxito— frenar el trámite de la ley mediante una serie de objeciones. Estas señalaban vulneraciones a las funciones del Congreso al modificarse asuntos presupuestarios.
Las objeciones también advertían sobre el riesgo de aprobar proyectos en apenas cinco días, sin respaldo técnico, lo cual, a criterio de los oficialistas, podría implicar peligros para la transparencia.
Entre los votos a favor de las objeciones —además de los oficialistas—, se contaron algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Winaq, Victoria, Bienestar Nacional (Bien) y un pequeño grupo de legisladores de Vamos que ya no responde a su jefe de bancada, Allan Rodríguez.
Decreto irresponsable
Para el diputado oficialista José Carlos Sanabria, nuevo operador político del Ejecutivo en el Congreso, la ley aprobada la semana pasada presenta errores que la hacen peligrosa.
Junto a otros oficialistas, Sanabria presentó nueve objeciones ante un pleno dominado por la nueva alianza opositora. Las objeciones advertían sobre eventuales riesgos para la administración pública y el buen manejo de los recursos.