A los 22 gobernadores nombrados este año les condiciona una baja ejecución en el presupuesto que no supera el 20 por ciento en promedio.
Parte de los resultados que enumera la administración de Bernardo Arévalo es que se logró nombrar a gobernadores que no estaban relacionados con «redes de corrupción». A pesar de eso, por falta de cumplimiento a la representación del presidente en los departamentos, algunos serán relevados próximamente, de acuerdo con las declaraciones de la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager.
«La Secretaría de Coordinación Ejecutiva (SCEP) ha hecho un análisis muy bien hecho y tenemos claridad de qué gobernadores están realizando muy bien su función, qué gobernadores tienen determinadas debilidades, para ver cómo se fortalecen, y qué gobernadores no están respondiendo a la línea presidencial y están yendo por su cuenta, que también hay que tomarlo en cuenta para los cambios», adelantó Tager.
Aunque los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) son los que ejecutan los fondos, el gobernador es quien firma los convenios que son parte del proceso administrativo para llevar a cabo las obras.
En total, para este año tienen Q6 mil 407 millones, que es una suma de los fondos ordinarios con los que iniciaron el 2023 y los montos extra aprobados por el Congreso, pero, de acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), la mayor ejecución se registra en El Progreso, único departamento que supera el 30 por ciento.
El jefe de la SCEP, Víctor Hugo Godoy, resaltó en un foro presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) que para nombrar a los gobernadores se recurrió a informantes de las localidades, a fin de obtener datos sobre quiénes estaban vinculados con alcaldes y diputados, con intereses de las compañías constructoras e incluso el crimen organizado.
«El principal resultado es, en el caso del aporte gubernamental, que rompimos la cadena de la corrupción porque estos gobernadores no están cobrando —por los procesos administrativos—, porque los —anteriores— todos cobraban coima», comentó Godoy.
Evaluación
Aunque los análisis que menciona Tager no se han conocido de manera oficial, Asíes publicó un estudio en el cual evalúa aspectos de la gestión departamental, desde el trabajo de los gobernadores anteriores y el proceso de designación de este año. Con ello la entidad emitió una serie de recomendaciones que incluyen analizar el impacto de los aportes a los Codedes, debido a que no hay participación social.
Ejecución de presupuesto local sigue sin elevarse.
Solo un departamento está por encima de la tercera parte de los fondos asignados este año.
En esa misma línea se determinó que los sectores no gubernamentales tienen un número bajo de participantes, a excepción de las organizaciones de mujeres y, en algunos departamentos, las cooperativas, organizaciones campesinas y pueblos indígenas.
También añaden falta de coordinación interinstitucional, débil coordinación entre Segeplán y SCEP, interferencia de diputados y relación hostil con funcionarios del gobierno central.