De oficio, los jueces tendrían que darle prioridad a las audiencias para cerrar los casos a los acusados y conceder la libertad.
Javier Hernández, Juan Francisco Mérida, Manuel Conde Orellana, Napoleón Rojas, José Francisco Zamora Barillas y otros diputados presentaron una iniciativa de ley para conceder amnistía a los militares que hayan cometido delitos durante el conflicto armado interno. El proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso en tres lecturas o en una sola, como una ley de urgencia nacional.
En el proyecto de ley los legisladores consideran que cualquier delito político o común, “sin exclusión de tipo penal alguno”, cometido durante el conflicto armado interno no tiene que ser juzgado.
Para optar a este beneficio, en el artículo cuatro del proyecto de ley, estipulan que los jueces de ejecución tienen que programar –de oficio o a solicitud del condenado– la audiencia para decretar su inmediata libertad y el cierre del caso.
Para los procesados por este tipo de delitos, como los nueve militaros enviados a juicio en mayo por delitos de detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de 195 personas durante el conflicto armado, serán los jueces de instancia los responsables de clausurar los casos, según la normativa.
Por último, en otro apartado del mismo artículo se incluyen los casos como el del exdiputado de FCN-Nación, Édgar Ovalle, quien tiene una orden de captura vigente por la supuesta comisión de delitos cometidos durante el conflicto armado interno. En estos casos, los jueces, sin necesidad de contar con la presencia del prófugo deberán anular las órdenes de captura.
En el proyecto de ley también se incluyó un apartado para evitar que jueces, abogados, fiscales o cualquier persona retrase la programación de audiencias de liberación de sindicados, advirtiendo la posibilidad de persecuciones penales o administrativas en su contra.
Analizan acciones
El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, señaló que esperan que el proyecto no se convierta en una ley que sea contraria a tratados internacionales. “De igual forma la PDH estará atenta para presentar las acciones legales que correspondan si llega a ser ley”, enfatizó Rodas.