En un proceso con escasa discusión pública, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) incluyó en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo cual fue avalado por legisladores de distintas bancadas.
En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.
La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, ya se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.
La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.
El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Congreso autoriza compra de acciones
Según lo dispuesto en el articulado del presupuesto aprobado, Guatemala adquirirá en el 2026 un cupo de acciones nominativas de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El total será de dos mil 817 acciones, con un valor unitario de US$14 mil 200, lo que equivale a US$40 millones (unos Q306 millones).
“Se faculta al Banco de Guatemala para que, con cargo a las Reservas Monetarias Internacionales, honre el compromiso de la presente disposición”, indica el artículo correspondiente del presupuesto.
Prensa Libre consultó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre los criterios que se utilizaron para la incorporación al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mediante el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI), así como los futuros proyectos a desarrollar. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido una respuesta oficial por parte de la oficina de Comunicación Social de esa cartera.
Advierten ilegalidad en compra de acciones
Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la medida implica que “prácticamente” se está obligando al Banco de Guatemala a financiar al Gobierno Central para la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una decisión respaldada por mayoría calificada en el Congreso de la República.
En el 2020 fue la única ocasión en que la banca central otorgó un crédito al Gobierno Central, con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia, y bajo aval del Legislativo.
“Habrá que ver si los diputados hicieron la observación al autorizar que el Banco de Guatemala financie gastos del Gobierno Central. Es el Ejecutivo quien toma la decisión de adherirse al CAF, y es este el que debe hacer la compra de las acciones”, añadió Coyoy.
A su juicio, si la adquisición de las acciones se realiza con recursos del banco central, este debería ser el propietario de la participación accionaria, y no el Gobierno, como se ha previsto. “Es una cuestión de legalidad”, apuntó el investigador.
Recordó que la Constitución prohíbe expresamente que el Banguat financie al Gobierno Central. “Cuando se autorizó por única vez durante la emergencia sanitaria, se dejó claro que era una excepción. En este caso, no se establece ninguna salvedad, pero se da un mandato para realizar la inversión accionaria en nombre del Gobierno de Guatemala”, remarcó.
Señalan riesgo de inconstitucionalidad
El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que el artículo del presupuesto que establece la adhesión de Guatemala al CAF puede ser objeto de inconstitucionalidad, ya que con la reforma constitucional de 1993 (decreto 18-93) quedó prohibida la utilización del Banco de Guatemala para financiar las operaciones para el Estado, sobre todo para este tipo de actividades.
Recordó que dicha reforma tiene como finalidad blindar al Estado para evitar la utilización no solo de las reservas, sino también el funcionamiento de la “maquinita”.