La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) tendrá una estructura administrativa adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según la decisión adoptada por los miembros del Directorio, luego de una votación y la presentación de análisis técnicos y jurídicos.
Esto significa que la Dipp, que para el próximo año en el proyecto de presupuesto se le asignan Q2 mil 102.2 millones, operará bajo un régimen institucional y administrativo dependiente de las autoridades del CIV, y no como una entidad desconcentrada e independiente, confirmó el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.
Durante una votación del Directorio, integrado por representantes del sector público y del sector privado, realizada el pasado martes 2 de septiembre, los representantes titulares de los ministerios de Economía, Finanzas y Comunicaciones, así como el delegado del Colegio de Ingenieros de Guatemala, avalaron que la nueva entidad quedara adscrita al CIV. La representante del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) votó en contra de sumar la entidad a la estructura del Ministerio.
Las diferencias se habían manifestado entre los miembros del Directorio desde la sesión del 2 de julio, cuando se sometió a votación la propuesta sobre el funcionamiento. Ahí se planteaban dos opciones: tenerla como una entidad adscrita al CIV y dependiente de sus procesos; o convertirla en una entidad desconcentrada e independiente.
Con la decisión tomada la semana pasada comienza en los ministerios de Finanzas y de Comunicaciones el proceso de creación del registro en los sistemas contables de la nueva entidad, la elaboración de su manual especial, su clasificador presupuestario y su código administrativo, a fin de hacerle el primer desembolso de Q30 millones para el presente ejercicio fiscal.
Riesgos técnicos y burocráticos tras inclusión de la Dipp en el CIV
Estrada Domínguez indicó que, luego de conocer los resultados de la votación del Directorio, la intención desde que se aprobó la ley era que la Dipp operara con cierta autonomía funcional y presupuestaria.
Se planteaba que el Directorio aprobara los contratos y que las asignaciones presupuestarias no pasaran por el CIV, sino que quedaran en Obligaciones a Cargo del Tesoro, para garantizar certeza jurídica y asegurar los pagos en los plazos establecidos.