El alcalde de un municipio cercano a Tegucigalpa, del partido gobernante, fue arrestado este lunes acusado de lavado de activos y narcotráfico, según la fiscalía, lo que se suma a una larga lista de políticos y funcionarios señalados de vínculos con el tráfico de drogas en Honduras.
El alcalde de Talanga, 40 km al norte de Tegucigalpa, Roosevelt Eduardo Avilez López, fue arrestado en San Pedro Sula, la segunda ciudad el país, 180 km al norte de Tegucigalpa.
El portavoz del Ministerio Público (MP, fiscalía), Yuri Mora, dijo a la AFP que las autoridades estaban trasladando al alcalde, miembro del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), hacia el Juzgado de Jurisdicción Nacional, con sede en un batallón del sur de Tegucigalpa.
Un comunicado del MP se precisó que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió una denuncia en marzo de 2013 sobre una supuesta participación de Avilez «en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas».
«Después de ejecutarse las diligencias investigativas (…) se logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado, en relación a las actividades económicas generadoras de (sus) ingresos», añadió.
Los expertos en finanzas encontraron que tenía un patrimonio de más de 165 millones de lempiras (unos 7 millones de dólares) y su cónyuge, Nancy Mereyil Santos, 157,5 millones de lempiras (unos 6,6 millones de dólares).
El MP indicó que, como «medida cautelar», la fiscalía incautó al alcalde 131 bienes, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles que serán puestos a la orden de la estatal Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Honduras fue calificada como «narcoestado» en la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el jefe del cartel Los Cacahiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó en un juicio contra Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
«Tony» Hernández fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021 señalado como «narcotraficante a gran escala». Otros testigos del juicio involucraron en el delito al presidente, quien rechaza los cargos y atribuye los señalamientos a una venganza de los capos por perseguir, según él, a los carteles de drogas.