Alba Elvira Lorenzana Cardona de González, esposa del magnate de la televisión abierta Ángel González y exrepresentante de uno de sus canales en Guatemala, tenía una orden de captura internacional por el caso de corrupción Cooptación del Estado, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero fue beneficiada por una Sala de Mayor Riesgo que le ordenó al juez Miguel Ángel Gálvez revocar esa detención.
Una disputa que se ventila en la Corte de Delaware, Estados Unidos, entre el magnate de la televisión latinoamericana Ángel González y el abogado argentino Carlos Eduardo Lorefice Lynch, por el control de un canal en Argentina, reveló detalles de la fuga de su esposa, Alba Elvira Lorenzana de González, sindicada en un caso de corrupción en Guatemala.
El documento legal revela que Alba Elvira Lorenzana de González emprendió una fuga desde Italia hasta Miami, Estados Unidos, con la ayuda de un empleado de Gónzalez, luego de que se anunciara la orden de captura internacional por la Interpol, tras revelarse las investigaciones que la involucraron por ser la representante legal de las empresas que habrían participado en la cooptación del Estado durante el gobierno del Partido Patriota (PP), financiando de manera ilegal a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, tiene una orden de captura vigente desde junio de 2016.
En el caso se revela la trama en la que un abogado argentino, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, habría ayudado a González en varias operaciones poco ortodoxas que se llevaron a cabo en el estado de Delaware, donde González creó una serie de empresas para ocultar la propiedad de varios canales de televisión a lo largo de América Latina, revela el documento.
Lorefice habría contado a las autoridades estadounidenses que él participó en cuatro movimientos para González que estaban fuera de su trabajo regular, por los cuales, a cambio, habían acordado con González quitar a Lorefice algunas de las obligaciones contractuales que mantenía con él.
Entre estos “servicios extraordinarios”, Lorefice asegura que facilitó que Alba Lorenzana llegara a Miami sin ser detenida por la Interpol desde Italia, donde se encontraba cuando fueron revelados los hechos por los que se le buscaba en el país.
“3) Ayudó a movilizar ilegalmente a la esposa de González de Italia a Nicaragua y de Nicaragua a Florida, cuando se emitió la alerta roja de la Interpol”, señala el documento sobre el caso en el que Lorefice Lynch buscaba quedarse con la mayoría de las acciones de un canal de la televisión argentina, donde González alegaba ser el propietario mayoritario por medio de sus empresas creadas en Delaware, para ocultar que era el verdadero dueño.
Otros de los “servicios extraordinarios” que Lorefice Lynch reveló que había hecho para González, y por los cuales buscaba que se le compensara condonándole los compromisos contractuales, eran: “En particular, Lynch reclama que ayudó a cubrir el uso de fondos de la compañía para adquirir un inmueble en Florida para una amiga de González; (2) además, ayudó a resolver los problemas que Lynch y González estaban teniendo con el Gobierno argentino, mediante la identificación y contratación de empresarios aliados… 4) Además de hacer pagos en nombre de González en los cuales él no quería figurar directamente”, señala el documento.
Aunque el documento indica que Lorefice Lynch no participó como una pieza clave en realizar estos trabajos para González, no niega que hayan sucedido y solo lo involucra como una parte de la trama.
“Lynch tuvo un mínimo de participación en la llegada ilegal de la Sra. González desde Italia. E incluso si Lorefice Lynch tuvo un papel clave, los servicios se prestaron antes de que los Acuerdos de Reestructuración de mayo de 2016 fueran preparados y ejecutados en 2017”, señala el documento de la Corte, sin desmentir que Lorenzana de González habría sido llevada de forma ilegal a Estados Unidos para evadir una captura de la Interpol. La alerta roja internacional fue levantada por la Interpol en septiembre de 2016.
El caso contra la esposa de González
En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) revelaron el caso Cooptación del Estado, en el cual estaban involucrados decenas de empresarios, constructores y políticos que se habían visto beneficiados con recursos del Estado a cambio de financiar de manera ilegal la campaña electoral de Otto Pérez Molina, candidato presidencial del Partido Patriota.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CICIG y la FECI, las empresas Radio Televisión Guatemala, S. A., y Televisiete, S. A., razón social de los canales 3 y 7, propiedad de Ángel González y cuya representante legal en ese entonces era la esposa de este, habrían realizado aportes anónimos a la campaña política de Otto Fernando Pérez Molina e Íngrid Roxana Baldetti Elías; a cambio recibieron millonarios contratos durante el gobierno de estos.
Las investigaciones del MP y la CICIG lograron poner en evidencia, con cheques y facturas, la forma de operar de Ángel Remigio González.
La documentación incautada durante los allanamientos por el caso La Línea demostró cómo las dos empresas de González aportaron entre 2008 y 2011 un total de Q17 millones 525 mil 200 para el PP, fondos que no fueron declarados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte de los aportes de campaña, y que fueron utilizados parcialmente para las compras de vehículos e inmuebles de Baldetti y Otto Pérez Molina.
Los aportes se realizaron mediante la simulación de servicios de empresas de cartón, sin ninguna actividad económica real. El 5 de mayo de 2008, Radio Televisión Guatemala, S. A., emitió un cheque por Q215 mil 800 a Comercial Urma, S. A., por un supuesto servicio de impresión de manuales de funcionamiento.
Comercial Urma no reporta pagos de planillas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) u otro comprobante que haga constar que desarrollaba una actividad económica real. Desde 2008, año en que captó el financiamiento ilícito de parte de González, fue representada por German Velásquez, quien en las elecciones de 2011 fue electo diputado por el PP por el distrito de Quetzaltenango. Comercial Urma, S. A., es una de las siete sociedades del Grupo Estrella, que administró Estuardo González, alias Eco, y con las cuales buscaba justificar el creciente patrimonio financiero de la exvicepresidenta.
Producto de este financiamiento, en 2012, mediante el decreto 34-2012, el Congreso de la República amplió de 15 a 25 años los usufructos de las cuatro frecuencias de González, sin que el plazo de vencimiento estuviera cercano.
La pauta gubernamental recibida por los canales de González durante el gobierno del PP asciende a Q163 millones 587 mil 513.15. Esto equivale a nueve veces más de lo que sus canales aportaron a la campaña de Pérez y Baldetti.
Los contratos durante la pandemia
Desde que inició la emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19, el gobierno actual ha otorgado contratos por más de Q10.85 millones a las empresas de comunicación que pertenecen al mexicano Ángel Remigio González.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aprovechó la vigencia del estado de calamidad pública a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, la cual permite a las entidades gubernamentales adjudicar contratos obviando los procesos en la Ley de Contrataciones.
De esa cuenta, Radio Televisión Guatemala, S. A. (Canal 3), fue beneficiada con un contrato que asciende a Q1 millón 60 mil 560 a cambio de transmitir 3 mil segundos en spots publicitarios del Gobierno. En total, en 2020 se le adjudicaron contratos por Q2.31 millones y este año el Estado le ha pagado Q1.5 millones.
Televisiete, S. A. (Canal 7), obtuvo en 2020 una adjudicación de Q1 millón 194 mil 750, también por la reproducción de 3 mil segundos en spots publicitarios del Gobierno.
En 2020, Televisiete, S. A., recibió en total Q5.22 millones en diferentes contratos, en 2021 le fue adjudicado un contrato por Q7.7 millones y en lo que va de 2022 ha recibido Q4.5 millones.
En tanto, Trecevisión, S. A. (Canal 13), fue beneficiada con Q363 mil 528 a cambio de transmitir 3 mil 600 segundos en spots publicitarios del Gobierno.
El Gobierno también compró espacio para publicidad a Grupo Radial El Tajín, S. A. (incluye a Radio Éxitos, FM Joya, Radio Ranchera, Radio Fiesta, Flix y Radio Éxitos Suroccidente), que también forma parte del consorcio de empresas de Ángel González.
Grupo Radial El Tajín, S. A., ganó un contrato de Q283 mil 440; a cambio, cada radio de dicha sociedad deberá transmitir 6 mil segundos de publicidad del Gobierno.
Central de Radio, S. A., también ha sido beneficiada por la actual administración. El Ministerio de Educación les ha contratado en ocasiones minutos para la transmisión de una campaña en idiomas kaqchikel, k’iche’ y español a nivel nacional para la contención del coronavirus.
La primera ocasión sucedió el 7 de abril y les fue adjudicado un contrato por Q431 mil 82, mientras que la segunda oportunidad fue el 7 de mayo y el contrato ascendió a Q431 mil 203.50.
Las estaciones de Central de Radio, S. A, son Radio Cadena Sonora, Galaxia La Picosa, Radio Disney, La Marca, Alfa, Xtrema y Tropicálida.
En total, Central de Radio recibió en 2020 Q2 millones 552 mil en adjudicaciones, en 2021 Q1 millón 234 mil y en 2022 Q1 millón 445 mil.
De acuerdo con investigaciones del MP y la CICIG, entre 2008 y 2011 dos empresas de Ángel González aportaron Q17 millones 525 mil 200 de forma anónima al Partido Patriota.
Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, tenía una orden de captura vigente desde junio de 2016; sin embargo, la Sala Segunda de Mayor Riesgo la benefició y le ordenó al juez Miguel Ángel Gálvez que revocara dicha solicitud de aprehensión.