El titular de la Feci, Rafael Curruchiche respondió a la sanción que Canadá le impuso diciendo que “vuelve la burra al trigo” y criticó también a Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.
Un día después de conocerse la sanción contra la Fiscal General, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer impuesta por Canadá, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) respondió que se trata de una sanción “ridícula”.
“Vuelve la burra al trigo, es parte de la doble moral, de la hipocresía”, respondió Curruchiche y aseguró que la sanción impuesta por el país norteamericano no le afecta.
“La sanción que me impone Canadá me da risa. No he viajado, no tengo activos, no tengo negocios en Canadá. Son sanciones absurdas, ridículas”, dijo Curruchiche.
Según Canadá, la sanción contra Curruchiche y los otros tres funcionarios se deben a su participación “en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad”.
La sanción incluye el congelamiento de activos en el territorio canadiense, la prohibición de llevar a cabo transiciones con ellos y la prohibición de poder entrar a Canadá.
Esta sanción se suma a las ya emitidas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen un alcance muy similar.
“Esto es parte de la hipocresía con la que juega la Unión Europea, la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Están molestos porque desenmascaramos lo que pasó el 25 de junio y el 20 de agosto, descubrimos y dimos a conocer todas las irregularidades del proceso electoral y eso no les gustó”, aseguró Curruchiche citando la investigación en contra del partido Movimiento Semilla.
El fiscal agregó que “tiene conocimiento” de que en futuro próximo habrá más sanciones en su contra.
MP respondió a las sanciones
Antes de las declaraciones del fiscal Curruchiche, el Ministerio Público había emitido un comunicado en el que calificaron la sanciones de Canadá como “una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia”.
Agregaron, además, que consideran que la acción del país norteamericano demuestra desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco.