El Ministerio de Exteriores de Cuba convocó en señal de protesta este jueves al embajador de Reino Unido en La Habana, Antony Stokes, al que acusa de “injerencia” por denunciar en las redes sociales violaciones de derechos ciudadanos por parte de la Justicia cubana.
El director general de asuntos bilaterales de la cancillería cubana, Emilio Lozada, publicó en Twitter que, durante su encuentro de hoy con Stokes, le instó a “respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su art. 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor”.
La convocatoria tuvo lugar después de que el embajador británico publicara el martes vía Twitter que “el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el #DecretoLey35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”.
El tuit del embajador británico fue compartido alrededor de un millar de veces y generó numerosos comentarios, en su mayoría mensajes de apoyo de cubanos detractores del nuevo Decreto-Ley 35 promulgado el mismo martes.
Este nuevo marco legal persigue los contenidos potencialmente subversivos en la red, lo que ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una “ley mordaza” para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno ha emprendido una campaña para defender su legitimidad.
El representante cubano de Exteriores aseguró que, en su reunión con el embajador británico, comparó el Decreto-Ley 35 con la normativa de ciberseguridad de Reino Unido.
En este sentido, según la versión de Lozada, este recordó a Stokes que la ley británica “establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas”.
A la espera de conocer cómo se aplicará el polémico Decreto-Ley 35 en Cuba, organizaciones internacionales e instituciones, como Human Rights Watch o el Departamento de Estado de EE.UU., han expresado su preocupación.
La nueva normativa de ciberseguridad cubana llega después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida, en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
Al inicio de las protestas el Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.