Han transcurrido tres semanas desde el 13 de diciembre pasado, cuando se registraron enfrentamientos armados que dejaron al menos 13 muertos en Sololá.
El contexto del choque armado sigue sin esclarecerse: el Gobierno señaló la intervención de grupos del crimen organizado, los vecinos de Nahualá señalaron al Ejército de ataques aéreos y las fuerzas de seguridad denunciaron que fueron sometidos y amenazados a respaldar esa versión. La situación ocurrió, además, en el marco de una disputa territorial que suma décadas entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá.
Según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta la fecha no se han reportado capturas, ni decomisos de drogas o armas largas.
De acuerdo con el reporte de la Comisaría 72 en Sololá, hasta el 7 de enero de 2026 se habían decomisado cuatro armas de fuego durante los operativos. Tres de esas pistolas fueron halladas el 18 de diciembre en la parte trasera de una patrulla policial , y se presume que fueron dejadas allí por los pobladores.
La PNC indicó que se ha identificado a más de dos mil personas durante las diligencias. Sin embargo, no se reportado la detención de los sospechosos por la muerte de los veicnos de Nahualá ni por el ataque a la base militar situada entre ambos municipios.
Para la analista en seguridad y exfiscal del Ministerio Público (MP), Marisol Son, fue acertada la decisión de decretar el Estado de Prevención para reducir los hechos de violencia en esa zona.
Agregó que hubo una prórroga sin que el Gobierno presentara resultados de los operativos efectuados durante los primeros 15 días.
“Entiendo que el Ejército trabaja junto con la PNC, sin embargo, el MP también debe involucrarse. Tienen que realizar allanamientos, ya deberían haberse registrado capturas en flagrancia. Las estructuras operan en el lugar, y eso debió generar algún tipo de resultado”, señaló.
La exfiscal añadió que, si el objetivo del Gobierno con el Estado de Prevención es únicamente evitar ataques armados, entonces esta medida también debería implementarse en otros municipios con mayores índices de criminalidad y homicidios.
Son cuestionó los escasos resultados, especialmente después de que el presidente Bernardo Arévalo afirmara que grupos del crimen organizado atacaron instalaciones del Ejército.
Alan Ajiatas, exfiscal y analista en seguridad, señaló que es fundamental que las autoridades evalúen los resultados de la medida en ambos municipios.
“Según lo observado, se trata más de presencia en las carreteras y operativos de identificación, acciones que pueden llevarse a cabo sin necesidad de establecer un estado de emergencia”, agregó.
“Las autoridades incluso pueden ingresar a los inmuebles y tener mayor presencia en las comunidades, pero eso no se ha evidenciado. Con las acciones actuales, no hay fundamento para seguir prorrogando esta medida”, comentó.
Explicó que en esos municipios ya se habían decretado medidas similares en el pasado, y que entonces los operativos produjeron mejores resultados.