La reserva judicial es una forma de perseguir a opositores en regímenes autoritarios, según juristas.
En un sistema que tiene como principio la máxima publicidad del proceso penal, la exfiscal Siomara Sosa y la exmandataria de CICIG Leily Santizo, junto con sus defensoras, llevan varios días sin tener claridad sobre los señalamientos del MP por presunta obstrucción de justicia, por una reserva judicial sin justificación.
Para conocer el porqué de la reserva, se buscó al juez Smaille Pérez en su despacho pero no atendió a elPeriódico. El Ministerio Público tampoco explica la razón de la reserva.
Mientras la orden judicial impone silencio para las señaladas y sus defensoras, en las redes sociales se amplifica la versión que difunden los denunciantes y sus seguidores.
El abogado Alfredo Ortega, que ayer se incorporó a la defensa de Sosa y Santizo, consideran que la publicidad del proceso genera confianza en la justicia entre la población. Aunque el juzgado tiene la facultad para dictar reserva, debería ser la excepción cuando existe una suspicacia legítima ante la destrucción de evidencia u otros motivos fundamentados, explica Ortega.
Mantener las acusaciones bajo reserva es una característica de la criminalización contra opositores en regímenes autoritarios y arbitrarios, como el de Nicaragua, detalla Ortega. Varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado la secretividad de los procesos en Perú y Chile, agrega el abogado.
Como mandataria de la CICIG, Santizo litigó casos como el despojo de propiedades en Petén de la familia Mendoza Matta, del caso Odebrecht.
“Es una sed de venganza, lo que debería ser categorizado como una acción de defensa, ahora ellos lo vinculan como un delito; entonces todos los defensores deberíamos estar privados de la libertad por ejercer la defensa”, dijo Sosa luego de ser informada del motivo de su captura.
Agresión
Un hombre vinculado con la familia Mendoza Matta le propinó varios manotazos en el pecho a uno de los trabajadores de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), que acudió a Mariscal Zavala para verificar la situación de Santizo. Él recriminó que “por culpa de ella” sus patrones estaban en prisión y que se lo iban a cobrar”.