Un panel de expertos de las Naciones Unidas pidió hacer «investigaciones independientes» a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales internacionales de niños indígenas en una casa hogar de la que fue directora.
La ONU se pronunció trar recibir información sobre «al menos 80 niños indígenas» que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro ya clausurado y del que Porras fue directora y administradora durante siete meses en 1982.
«Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas», señalaron las y los expertos.
En concreto detallaron que estas adopciones ilegales pueden ocurrir mediante «actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios».
Esta declaración se produce cuando Porras está por concluir su gestión como fiscal general. Dirige el Ministerio Público desde mayo de 2018 y en 2022 ganó la reelección.
Ese mismo año Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por obstruir y menoscabar «en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos».
También en estos días participaba como candidata a ocupar otro puesto público, el de magistrada titular o suplente para la Corte de Constitucionalidad, cargos nombrados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Sin embargo, quedó fuera por falta de apoyos.