La Corte de Constitucionalidad rechazó analizar y emitir una opinión sobre el proyecto de acuerdo gubernativo.
Ni la Secretaría General, con los subsecretarios, ni todo un departamento jurídico, ni un cuerpo de 14 asesores, lograron resolver las dudas del presidente Alejandro Giammattei sobre las citaciones en el Congreso, las interpelaciones y la prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones.
Todas esas preguntas llegaron hasta el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ayer celebró una vista pública para explicar las respuestas —durante casi dos horas—, las cuales se resumieron en la lectura reiterada de los artículos de la Constitución y leyes específicas que regulan los procedimientos como las citaciones y las interpelaciones.
La Presidencia también pidió a la CC analizar y emitir una opinión consultiva sobre un proyecto de acuerdo gubernativo que pretende regular la forma de realizar las consultas comunitarias que manda el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, explicó el presidente de la corte, Roberto Molina Barreto.
La solicitud fue rechazada porque la CC no tiene facultad para revisar ni emitir opiniones sobre los proyectos de acuerdos gubernativos, porque eso no está señalado en la Constitución. “No obstante, se le recordó que él tiene la facultad de hacer ese reglamento y, si fuera necesario, la Corte, en su oportunidad, para un control de constitucionalidad, podría revisarlo”.
¿Qué tan compleja es la Constitución y la ley como para que el Ejecutivo acuda a la CC para que lea los procedimientos ya establecidos?, se le preguntó a Molina Barreto. “Sí, tiene razón, pero tenemos la obligación de evacuar. Lo que se hace al final es interpretar el verdadero sentido de la norma”, respondió el presidente de la CC.