Jerarcas policiales, militares, diputados, jueces, empresarios, alcaldes y políticos de distintos colores, hasta llegar al presidente, fueron vinculados en Honduras con redes del narcotráfico.
Desde el ascenso a la cima del poder de Juan Orlando Hernández, Honduras se convirtió, según la justicia estadounidense, en santuario de capos y zona de tránsito segura para la droga: un «narco-Estado» que, advierten expertos, llevará mucho tiempo desmantelar.
Hernández fue condenado el miércoles a 45 años de prisión por una Corte de Nueva York que lo halló culpable de participar entre 2004 y 2022 -cuando fue diputado, jefe del Congreso y luego presidente del país- en una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según la fiscalía federal, el exmandatario (2014-2022) de 55 años recibió millones de dólares de los cárteles, entre ellos el de Sinaloa, del mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán.
Poco después de dejar el poder en enero de 2022 fue detenido y entregado a Estados Unidos. El gobierno izquierdista de Xiomara Castro lo sustituyó con la promesa de combatir el narcotráfico y la corrupción. Pero ¿cuánto se ha avanzado en ese desafío?
Dos grupos de narcotráfico
«El mundo narco había colocado piezas dentro del engranaje estatal, pero en la administración de Castro no se puede hablar de las ‘cabezas'», comentó a AFP la abogada defensora de derechos humanos, Reina Rivera.
El sociólogo Pablo Carías coincidió en que «nadie puede acusar» a Castro «de involucramiento», pero matizó señalando que «se habla», hasta ahora «sin pruebas», de que podría haber algunos funcionarios «relacionados con la narcoactividad».
«Es imposible eliminar el narco-Estado que construyó Juan Orlando en dos años», dijo a AFP vía telefónica Mike Vigil, exfuncionario de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Vigil señaló que el tráfico de cocaína desde Colombia es aún fuerte por Honduras y los cultivos de coca que empezaron a ser hallados en 2017 en las montañas hondureñas ya «no son experimentos» y hay narcolaboratorios que «están produciendo» droga allí.
«Son de grupos de narcotráfico hondureños» con «colaboración del cártel de Sinaloa» y «el Jalisco Nueva Generación», afirmó.
Hace poco, al anunciar la captura de Mario José Cálix, socio de Hernández, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció que «la estructura criminal fue descabezada», pero «el cuerpo sigue operando».
Sin secretos oficiales
Entre sus primeras medidas de gobierno, Castro derogó la ley de secretos oficiales, que permitía clasificar información sobre defensa y seguridad. «El mundo narco se sirve de ese tipo de legislaciones, de la opacidad», dijo Rivera.
El 15 de junio, la gobernante anunció un plan de 14 medidas contra el crimen, que incluyen acciones contra narcotraficantes y pandillas como la Mara Salvatrucha, que fue vinculada con Hernández en la Corte de Nueva York.
Otra medida contempla «intervenir» los municipios «identificados con mayor incidencia» en «sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestros, tráfico de armas» y otros delitos.
El gobierno de Castro ordenó también la captura «inmediata» de «extraditables» a Estados Unidos y dio un listado de 16. Uno de ellos, Cálix, fue capturado tras ofrecer una recompensa de 40.000 dólares.
Según el ministro Sánchez, 17 capos han sido extraditados en los dos años y medio de gobierno de Castro.
«Ella ha tratado de reconstruir el aparato estatal» con colaboradores cercanos, de los que no se puede decir «que fueron puestos por un cartel de la droga», comentó Rivera.
Terrorismo e impunidad
Pese a los anuncios de medidas y «avances», Vigil, igual que otros analistas, considera que desmontar el «narco-Estado» será «una lucha de muchos años».
A Castro «le toca gobernar con las estructuras con las que gobernó» Hernández y que están «institucionalizadas», recordó Carías. Y las instituciones «no están protegidas contra el flagelo de la narcoactividad», agregó.
Para Rivera, en el fortalecimiento institucional es urgente una depuración policial: «Muchos jefes policiales siguen estando allí» al servicio de los carteles.
El exagente antidrogas precisó que Honduras necesita «mejorar el sistema jurídico» porque «muchas leyes no son adecuadas para poder juzgar a los narcopolíticos».
Además, según Vigil, Castro debe continuar con las extradiciones de capos a Estados Unidos» porque de lo contrario «seguirán operando con impunidad» en Honduras.
El gobierno anunció que pedirá al Congreso reformar el Código Penal para que narcos y pandilleros sean calificados como «terroristas», a fin de imponerles penas más severas.