La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los “actos de criminalización y persecución judicial” en contra de operadoras de justicia y exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Comisión precisó que es urgente que el Estado de Guatemala garantice un sistema de justicia independiente e imparcial para proteger a los operadores de justicia.
La CIDH detalló que sigue recibiendo información sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial contra personas jueces, fiscales, exfiscales, magistradas como forma de hostigamiento.
Esto debido a que su trabajo está relacionado con investigaciones o juzgamientos de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; o porque en su momento apoyaron la labor de la CICIG.
La CIDH manifestó que le preocupa que los hechos ocurran en un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
Enumera los casos en contra de Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); Rudy Antonio Herrera Lemus, exagente fiscal; Aliss Noemí Moran, exauxiliar fiscal; Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI y Leily Santizo, exmandataria de la CICIG.
Señala su preocupación por el retiro de inmunidad del juez de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul de Paz y a la orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para continuar con las diligencias de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán.
“La Comisión Interamericana urge a Guatemala a tomar medidas para impedir que se haga uso indebido del derecho penal y de diligencias de antejuicio como forma de restringir la labor independiente de las personas operadoras de justicia”, manifestó la CIDH.