Guatemala atraviesa una crisis profunda en materia de derechos humanos, a consecuencia de la «marcada captura del Estado, la instrumentalización de la justicia, la impunidad histórica y la desigualdad estructural». Aunque «existe un gobierno con voluntad de cambio, los desafíos son enormes» y requieren reformas estructurales, voluntad política y apoyo internacional sostenido. Así lo señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en el auditórium de la Universidad Rafael Landívar, por la comisionada en la materia, Andrea Pochak, este lunes 1 de diciembre.
El informe revela que actualmente en Guatemala existe una crisis del sistema de justicia e independencia judicial, debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho, criminalización generalizada y persecución selectiva en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y líderes indígenas, periodistas y comunicadores comunitarios, estudiantes y académicos, así como en contra de funcionarios del gobierno e integrantes del partido oficial, así como desigualdad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En entrevista con Prensa Libre, la comisionada Pochak abordó la situación actual y los principales retos que enfrenta Guatemala en materia de derechos humanos, así como el panorama que se vislumbra para el 2026, año clave debido a los procesos de elección de segundo grado. Estos constituyen un punto de gran preocupación, por el contexto de cooptación y crisis judicial descrito en el informe de la CIDH.
Comisionada, ¿Cuáles son los principales aspectos y causas que el informe de la CIDH aborda con relación a los riesgos y peligros que afectan a la democracia en Guatemala?
Básicamente, está afectada por la situación democrática. En Guatemala existe una amenaza seria al sistema democrático. Las instituciones democráticas están en peligro por un incorrecto funcionamiento. El sistema judicial no está funcionando como debe, no es independiente, no hay independencia judicial en Guatemala, y al mismo tiempo advertimos serias deficiencias también en el funcionamiento del Congreso. Esto hace que el sistema democrático esté en peligro. Hay otras instituciones, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tampoco están funcionando bien, y eso dificulta el avance en políticas de derechos humanos.
¿Cuáles son las principales consecuencias del debilitamiento de la independencia judicial que aborda el informe?
El principal resultado es el deficiente funcionamiento de la administración de justicia en Guatemala, es la impunidad. Esta situación permite que los grandes responsables de la corrupción, así como los responsables del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, no enfrenten consecuencias.
Aunque se pretende mostrar que se persigue la corrupción, el terrorismo o el delito, en realidad se persigue a quienes defienden sus derechos. Mientras tanto, a los grandes corruptos se les perdona y se les garantiza impunidad. Este es el efecto más grave.
Cuando la justicia actúa de forma incorrecta o arbitraria, y los operadores de justicia no cumplen su función, se pierde la credibilidad en la justicia. Esa pérdida de credibilidad debilita la legitimidad democrática. La gente deja de creer en la justicia.
El informe también aborda aspectos relacionados con los procesos de elección de cortes y entidades de justicia en el 2026. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para garantizar la independencia y transparencia de estos procesos?
La comisión recomienda reformar las leyes para asegurar que los procesos de elección y nombramiento de autoridades como la Corte Suprema de Justicia, cortes de Apelaciones, fiscal general, jefe del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral se realicen con base en criterios de mérito, capacidad e independencia, y sin injerencia política. Propone que las decisiones estén debidamente fundamentadas, que se prohíba que los integrantes de las comisiones sean también aspirantes, que se regulen entrevistas y pruebas públicas, que se garantice la transparencia en todas las etapas del proceso, y que no se remitan nóminas hasta resolver todas las impugnaciones.
Es preciso garantizar criterios objetivos de postulación, que las personas postulantes o quienes integren las comisiones no sean criminalizadas ni hostigadas, que no sean presionadas. Hay que llevar adelante una reforma legal en este sentido. Es urgente modificar el sistema de designación de altas autoridades judiciales, incluyendo el Ministerio Público, para garantizar una independencia judicial real en Guatemala.
¿Qué grupos son los más vulnerados en Guatemala, según el informe, y cómo es ese proceso de criminalización en su contra?
Nosotros hacemos recomendaciones específicas sobre la situación de los pueblos indígenas, que es uno de los sectores más perjudicados por la situación de derechos humanos en el país. Son históricamente vulnerables, pero, además, en estos últimos años, son víctimas directas de la persecución penal y de la criminalización. Abogados o activistas que defienden derechos humanos son criminalizados. Cuando se criminaliza a un defensor o una defensora de derechos humanos, se afecta la vigencia de los derechos humanos en general.
También hacemos mención de la situación de las mujeres, de los niños, de la población afrodescendiente, de la población migrante, de la población LGBTI. También están los periodistas, quienes son perseguidos. Dentro del informe también se abarca lo relacionado con las víctimas del conflicto armado interno.
¿Qué relación encuentra el informe entre la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos económicos, sociales, estructurales y ambientales en Guatemala?
Justamente, Guatemala es un país de enormes desigualdades, de enormes factores de discriminación, y aquellas personas que han intentado revertir esta situación, que han intentado cambiar el status quo, que han intentado modificar estas prácticas nocivas de derechos humanos, son las que terminan siendo perjudicadas y criminalizadas por el funcionamiento de la justicia.
No es casual que estén perseguidos y criminalizados los pueblos indígenas que pelean por sus derechos. No es casual que estén siendo perseguidos quienes defienden los derechos humanos y quienes buscan un mejor nivel de vida. Esas son las personas que están siendo criminalizadas, hostigadas, incluso detenidas u obligadas a exiliarse, porque hay una íntima relación entre la afectación de los derechos sociales, la pobreza, la desigualdad y la criminalización.
Aspectos contenidos en el informe
El informe de la CIDH describe una crisis profunda de derechos humanos en Guatemala, marcada por la captura del Estado por redes de poder que instrumentalizan el sistema de justicia para garantizar impunidad y perseguir opositores.
- Justicia cooptada: El Ministerio Público y sectores del Poder Judicial son usados para criminalizar selectivamente a jueces, fiscales, periodistas, defensores de DDHH y líderes indígenas. La elección de altas cortes está viciada por tráfico de influencias.
- Democracia bajo amenaza: En el 2023, el MP intentó anular los resultados electorales en lo que la OEA calificó de «intento de golpe de Estado». El Congreso, «influido por el pacto de corruptos», obstaculiza reformas.
- Impunidad histórica: Hay un grave retroceso en casos de crímenes del conflicto armado interno y corrupción, desmantelándose los avances logrados con la Cicig.
- Desigualdad estructural: Pueblos indígenas y comunidades rurales sufren exclusión sistémica, despojo de tierras, falta de consulta y violación de derechos económicos y sociales.
- Grupos en riesgo: Mujeres, niñas, personas LGBTI, migrantes y privadas de libertad enfrentan violencia, discriminación y condiciones de vida inhumanas.
- Elecciones de segundo grado 2026: La CIDH advierte que, sin reformas estructurales previas que aseguren procesos transparentes, meritocráticos y libres de injerencias políticas, estas elecciones podrían consolidar la cooptación del sistema de justicia por parte de las mismas redes de poder que hoy controlan algunas entidades clave, como el Ministerio Público.
En conclusión, la CIDH urge reformas estructurales para restaurar la independencia judicial, combatir la impunidad y garantizar los Derechos Humanos. Aunque reconoce la voluntad del gobierno de Arévalo, advierte que la resistencia de poderes fácticos hace indispensable el apoyo internacional y la movilización ciudadana.