La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de declarar inconstitucional el acuerdo gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos comunes, bajo el argumento de que vulnera la autonomía municipal, abre el debate sobre el papel de las comunas en el manejo de la basura.
De acuerdo con Marco Vinicio Cerezo Blandón, director general de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), la resolución de la CC interpreta de forma incorrecta la autonomía municipal, ya que Guatemala es una república unitaria y los municipios son únicamente un nivel organizacional, un instrumento funcional para llevar los servicios públicos a los territorios, pero no constituyen extraterritorialidad y están sometidos a las leyes de la República, así como a los acuerdos ministeriales y gubernativos del Gobierno central.
“Esa autonomía extraterritorial es una interpretación exagerada e incorrecta de la autonomía municipal”, afirma Cerezo Blandón. Añade que las municipalidades deben someterse a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Ambiente, por lo que la resolución debe revisarse. De quedar en firme, postergaría hasta por 30 años la solución a problemas ambientales, como el manejo de los desechos sólidos.
Por otro lado, indica que la gran mayoría de municipalidades no cuenta con capacidades técnicas, institucionales ni financieras —más de 80% de sus ingresos depende del Gobierno central— para enfrentar las problemáticas ambientales de sus municipios. La única forma de abordarlas es mediante una coordinación estrecha entre las comunas, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia.