Los señalamientos alcanzan a los directores de las gobernaciones e incluso a algunos diputados oficialistas.
Días después de que se conociera la intención del Ejecutivo de cambiar a algunos gobernadores, se logró conocer que en algunas gobernaciones solicitan a los alcaldes porcentajes de los proyectos que se aprueban, a manera de coima. Incluso se señaló que la renuncia del titular de la Gobernación de Quetzaltenango, Adolfo Herrera, tuvo su origen en cobros irregulares.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, en el 80% de las gobernaciones se pide a los jefes ediles otorgar un porcentaje de las obras que se aprueban. Ese aspecto sucede, en algunas oficinas locales, por parte de los directores ejecutivos.
“Están pidiendo dinero bajo la mesa en conjunto con algunos diputados de la bancada oficialista. La molestia más grande de los alcaldes es que el presidente, Bernardo Arévalo, prometió que eso no iba a suceder, pero los gobernadores y los diputados sí lo están haciendo”, dio a conocer el alcalde.
Más que señalar a los gobernadores, la petición de coimas proviene de los directores ejecutivos, nombrados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que en algunas gobernaciones lo realizan con consentimiento de los funcionarios. Los gobernadores son quienes firman los convenios con las municipalidades para ejecutar los fondos y proyectos de los consejos departamentales de desarrollo.
Señalados
Al menos cuatro diputados independientes electos por el Movimiento Semilla estarían involucrados en los hechos. Román Castellanos comentó que se deben presentar las denuncias respectivas y que están anuentes a escuchar las quejas para conocer quiénes son los que podrían estar cobrando.
“La bancada oficialista tenemos muy poca relación con la mayoría de los gobernadores, la mayoría de los diputados de la bancada somos de la región metropolitana y, por lo tanto, la relación con los gobernadores es casi mínima. La mayoría tampoco es del partido, salieron de las nominaciones hechas por la sociedad civil. Si tienen conocimiento de ese tipo de señalamientos, deben denunciarlo inmediatamente”, sostuvo Castellanos.
Algunos departamentos en los que se conoció sobre los referidos cobros don Petén, Suchitepéquez, Sololá, Retalhuleu y Sacatepéquez. También se supo de casos en Zacapa y Jalapa de los gobernadores en conjunto con diputados distritales de la bancada Cabal.
El jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, confirmó que en dos departamentos se tiene conocimiento del tema. En Jalapa, se trata de la gobernadora, que es afín al diputado Jairo Orellana, quienes están ejerciendo presión para efectuar “cobros”, y en Zacapa, el diputado Julio Portillo presiona a los alcaldes del departamento. Aguirre también instó a que se presenten las denuncias correspondientes.
“Que hagan sus denuncias. Todo acto de corrupción debe ser denunciado”, se limitó a responder el jefe de bancada.
Además, la SCEP también indicó que se dará seguimiento a los señalamientos realizados, de manera que el sistema de consejos de desarrollo responda a sus principios, además de que afirmó que en el Gobierno no se tolerarán actos de corrupción.
Añadió que está por lanzar un número telefónico para presentar denuncias de ese tipo de casos.
“La SECP dará el seguimiento correspondiente a esas alertas y posibles irregularidades, y procederá a realizar las averiguaciones administrativas correspondientes, con el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción», se lee en la postura oficial.
La secretaria privada, Ana Glenda Tager, confirmó la semana pasada que en la presidencia se analiza la gestión de los gobernadores en estos meses y que se considera hacer algunos cambios en las delegaciones. La decisión podría basarse en que no se está cumpliendo con la representación de la figura presidencial en los departamentos. Además, se trabajará en las debilidades detectadas.
La renuncia
El fin de semana pasado, Aldo Herrera Scheel presentó su renuncia como gobernador de Quetzaltenango, la cual ya fue aceptada por el presidente Arévalo.
Al respecto, se conoció que la decisión pudo haberse originado por cobros ilegales que Herrera efectuaba, según comentó una fuente municipal que prefirió el anonimato.
El sábado 26 de octubre, cuando dimitió del cargo por medio de un audiovisual, se mencionó a algunos alcaldes del departamento, dando cuenta de que no hubo solicitudes de dádivas y que se trabajó con transparencia.
“Puedo afirmar con firmeza que no he recibido un solo centavo proveniente de actos de corrupción, rechazando cualquier práctica que vulnere la confianza ciudadana y los principios de la función pública”, reiteró en esa ocasión Herrera.