En el atentado contra la fiscal los atacantes utilizaron uniformes de la PNC, los cuales son propensos a falsificaciones, dicen los expertos en seguridad.
Los autores del ataque del pasado 27 de marzo tenían como objetivo la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero Sosa. Este es el segundo atentado contra Reguero en menos de dos años y esto, a juicio de analistas, refleja fallas en el esquema de seguridad.
El primer ataque contra la fiscal fue en el 2022 en un sector de la zona 3. En esa ocasión el piloto de la agente perdió la vida, ella logró sobrevivir al altercado.
El 27 de marzo de 2024, en un sector de la zona 9, se dio el segundo ataque perpetrado por un comando armado vestido de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el incidente, un agente de seguridad y la progenitora de Reguero Sosa perdieron la vida, altercado que fue sumamente planificado a criterio de Mario Mérida, analista en temas de seguridad.
“Los sujetos tenían un plan específico para el asesinato. Tuvo que haber seguimiento de un par de semanas, vigilancia permanente y por supuesto una preparación para que la sorpresa fuera absoluta”.
El MP informó a días del ataque que tras coordinaciones con el Ministerio de Gobernación se reforzó el esquema de seguridad. Indicando que la investigación se encuentra bajo reserva, sin informar sobre un posible móvil del crimen.
Reguero Sosa investigó a un grupo de abogados y notarios que se apropiaba de terrenos. También participó en la investigación del Caso El Bodegón, en donde se detectaron actividades de lavado de activos. En sus últimos años al frente del MP se encargó de la fiscalía metropolitana y actualmente la fiscalía liquidadora.
Agentes y análisis de riesgo
Para los analistas, existen al menos tres grandes deficiencias en el esquema de seguridad: No había un análisis de riesgo, la cantidad de agentes de seguridad era insuficiente, y pocos o nulos controles sobre quién puede obtener uniformes policiales.
Mérida considera que es vital que el MP analice a detalle todas las acciones contra sus agentes. Esto habría permitido incluso contar con un mayor número de agentes de seguridad a los alrededores.
“Una vez hubo un atentado el MP tendrá que investigar a profundidad. Por el antecedente y nivel de riesgo, a mi criterio el número de escoltas era limitado”, dice el experto.
El analista estima que el día del ataque, ya que iba la agente fiscal y su progenitora, lo necesario era contar con al menos dos agentes de seguridad por cada una, junto a un quinto elemento que solamente se enfocara en la conducción del auto.
Sandino Asturias, también analista en temas de seguridad, ve la misma deficiencia. Ya que el ataque fue sorpresivo pese a que ya se tenía un antecedente.
“Si hay graves deficiencias en el esquema de seguridad de la fiscal. Habrá que ver en qué casos ella estaba trabajando y que ameritaba un fortalecimiento al esquema para evitar que este ataque tuviera éxito”.
El reciente ataque, a criterio de Asturias, ameritaría evaluar el nivel de riesgo para todos los agentes investigadores. “Debe de haber una evaluación de riesgo para fiscales y policías que están llevando casos delicados. Esto debería de ser un mecanismo permanente de evaluación”.
Uniformes policiales
Las cámaras de videovigilancia en cercanías del segundo ataque evidencian cómo los agresores portaban vestimenta parecida a los uniformes de agentes de la PNC. En las cámaras, los atuendos parecían ser muy parecidos a los que actualmente utiliza la institución policial.
“Falsificar o comprar uniformes de la PNC es sumamente fácil, no hay un resguardo y adecuado control de los uniformes, son fáciles de adquirir. Esto implica que se requiera una medida adicional para cuidar estos uniformes de particulares, para así evitar esquemas de violencia organizados para que de esta manera confundan a las víctimas”, dijo Asturias.
Mérida considera que los uniformes deberían de tener mayores controles de seguridad, porque es bastante fácil acceder incluso a los originales. “Es fácil imitar un uniforme de la PNC por los colores y emblemas que hay. Independientemente que los policías llevan a la calle a tallar o arreglar los uniformes porque no son de sus medidas”.
Sobre esta situación, se intentó buscar la postura del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pero el funcionario indicó que no podía dar valoraciones del tema porque el caso se encuentra bajo reserva.
Rechazan análisis
Ante las valoraciones hechas por los dos analistas se consultó con el departamento de Comunicación Social del MP, quien indicó que sí realizan las constantes evaluaciones de seguridad para todos sus agentes fiscales.
«El Departamento de Seguridad del Ministerio Público realiza constantemente análisis de seguridad a sus funcionarios, de esa cuenta la fiscal Reguero contaba con el esquema más alto. Así también, en ese sentido se ha reforzado la seguridad para el personal fiscal según los análisis de riesgo que se realizan», señala la institución.
Además, añaden que se coordinó con el Ministerio de Gobernación reforzar la seguridad de los agentes fiscales. «El Ministerio Público como institución no escatimará esfuerzos para garantizar el resguardo del personal, ya que lamentablemente muchos fiscales han sido objetos de ataques sistemáticos, desde constante asedio y vulneración a sus derechos humanos como de sus familiares, hasta hechos violentos como el registrado el pasado miércoles, únicamente por cumplir con su función de investigar».