Analistas exponen que la cúpula de gobierno carece de estrategias de prevención, análisis del crimen y actores que están detrás de los ataques armados contra las fuerzas de seguridad.
La noche del jueves, el inspector Mauricio Canahuí llegó a la capital desde su natal San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz. Como integrante de las Fuerzas Especiales, se le asignó apoyar un operativo en Nahualá, Sololá, el último en su carrera de 13 años en la Policía Nacional Civil (PNC).
Canahuí recibió dos impactos de arma de fuego y murió en la montaña, mientras sus compañeros FEP aguardaban en cuclillas para ponerse a salvo de las detonaciones desde la montaña. El operativo perseguía la captura de cuatro presuntos responsables por la masacre de 11 vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, el 17 de diciembre pasado.
El operativo que contemplaba allanamientos en más de 60 viviendas, careció de estrategia que raya en la negligencia de acuerdo con analistas consultados por elPeriódico, ya que más de 20 policías y fiscales resultaron heridos, mientras que a un grupo de 16 soldados se le bloqueó el paso durante varias horas.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó que ocho agentes de PNC fueron heridos por armas de fuego y otros 11 con palos y piedras, mientras que el Ministerio Público (MP) reportó que tres integrantes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida fueron golpeados por la población.
A varios de los grupos de la PNC se les ordenó ir desarmados. De forma extraoficial, se conoció que con la instrucción se buscaba evitar alguna acción armada en contra de la población. Enseguida, surgieron voces como la de la diputada Patricia Sandoval –y esposa del Ministro de Gobernación– que abogaron por la aprobación de la ley que regula el uso de la fuerza de parte de los policías.
Esa visión es un tanto estrecha de acuerdo con analistas. Carmen Rosa de León, del Iepades, señala que la situación en Nahualá evidencia la falta o el fracaso de acciones de prevención de la violencia y la nula inteligencia del Estado. “No es posible que después de una masacre, no haya una identificación de los actores detrás de esas acciones”, detalla.
“Parece que van a ciegas, a partir de los indicios sobre el tipo de armamento que hay se sabe que están tratando con crimen organizado, pero ¿quiénes son y qué intereses defienden? Si la Digici se utilizara para lo que es y no para andar persiguiendo gente, como una oficina de inteligencia política al servicio del Presidente”, sería distinto, analiza de León.
La tenencia de armas es un indicador de la presencia o los nexos del crimen organizado, coincide el exministro de la Defensa, Ronaldo Leiva. “Si la Fiscal General declaró que las comunidades ya han sufrido mucho a causa del crimen organizado es porque alguna evidencia debe tener de las bandas criminales que están actuando ahí, influyendo u obligando a la población a efectuar acciones en su favor”, según el militar retirado.
La responsabilidad de los mandos
Es una falta de estrategia llevar adelante un operativo de esa forma, cuando ya el pueblo declaró su posición, que tienen armamento y lo están utilizando. Y no es solo cuestión de ir armado, hay otras formas de disuadir a la población cuya valoración corresponde a los mandos de las fuerzas de seguridad, agrega Leiva. Desde hace más de dos años, el Mingob ha señalado la existencia de armas pero no se ha presentado ninguna investigación de seguimiento.
Con relación a la responsabilidad de los mandos que nota Leiva, un documento de la Policía que circuló en redes sociales, señala como uno de los coordinadores del operativo al Subdirector General de Estudios y Doctrina, que no es la dependencia con mayor destreza en operaciones en terreno, según fuentes consultadas.
El inspector Canahuí deja en orfandad a dos niños y los policías heridos se recuperan en varios centros asistenciales.
Infructuosos Estados de Sitio
Durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei organizaciones sociales y centros de análisis como Udefegua y el CIEN, han señalado que la ausencia histórica del Estado no se soluciona con los Estados de Sitio, durante los cuales se limitan garantías y se impone el poder represivo las instituciones públicas. Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán están bajo Estado de Sitio desde el 22 de diciembre pasado.