Al Congreso le quedan cuatro fechas para celebrar plenarias antes del 30 de noviembre, cuando concluye el periodo de sesiones ordinarias y vence el plazo para aprobar el presupuesto nacional de 2026. Sin embargo, hasta este lunes 17 de noviembre, la Comisión de Finanzas aún no dictamina el proyecto.
Sin dictamen, la instancia de Jefes de bloques no puede incluir la aprobación del presupuesto en la agenda de las plenarias.
Este escenario, según analistas, podría provocar que nuevamente se apruebe el plan financiero en una sola sesión, de urgencia nacional, lo que aumentaría el riesgo de que se incluyan enmiendas de curul que alteren el destino de los recursos públicos.
Desde la administración de Alejandro Giammattei, esta dinámica ha sido habitual en el Congreso y también se ha replicado durante la actual legislatura.
En noviembre del 2020, durante el primer año de gobierno de Giammattei marcado por la pandemia de covid 19, los diputados aprobaron un presupuesto que no priorizaba la inversión en salud, lo que derivó en protestas ciudadanas. El Congreso se vio en obligación de retractarse, archivar el plan cuestionado y aprobar un nuevo presupuesto.
En noviembre del 2024, el oficialismo promovió la aprobación del presupuesto durante la noche y el trámite se extendió hasta la madrugada, cuando se incluyó el aumento de sueldo para los diputados. A diferencia de lo ocurrido cinco años antes, esa acción no generó manifestaciones ciudadanas.
Expertos consideran que debido al fecha límite que la Constitución marca para la aprobación del presupuesto, es probable que el plan para el 2026 se apruebe de urgencia y sin una discusión pública adecuada.
Los riesgos
Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay asuntos como el destino de los recursos distritales que podrían ser aprovechados por los políticos, lo que representa uno de los riesgos de aprobar el presupuesto en una sola sesión.
“Yo creo que será la misma mecánica. Van a tratar de sorprendernos. Por fortuna, ya hay alertas sobre los techos, el financiamiento con deuda, los gastos recurrentes y el peso de lo distrital, que es moneda de cambio con los Consejos Departamentales de Desarrollo”, indicó.
Quezada considera que existe un escenario favorable para que la administración de Arévalo obtenga el presupuesto del 2026, propuesto por el Ejecutivo por un monto de Q161 mil 779 millones.
“Siempre se ha obviado esa discusión. Se hace de manera selectiva, pero el asunto es tan complejo que el ciudadano promedio tiene dificultades para entenderlo, además de que tampoco puede ver en detalle cómo llega el presupuesto al Congreso ni cómo sale”, agregó.
Sin mayor discusión
Para Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, es prácticamente un hecho que los oficialistas cuentan con el respaldo necesario para aprobar el presupuesto. Como ejemplo, mencionó la elección de la Junta Directiva del Congreso.
“Es posible que el Ejecutivo ya tenga los acuerdos para evitar conocerlo en las tres lecturas y hacerlo de urgencia nacional con 107 votos, como ocurrió con la elección de la Junta Directiva”, afirmó.
No obstante, contar con un presupuesto nacional negociado y conocido solo entre actores políticos resta transparencia, al no tener una discusión abierta en el pleno, agregó el analista.
En su opinión es curioso por qué las votaciones del presupuesto se extienden hasta la madrugada, y es entonces cuando «se presentan mociones que no son consensuadas, pero que logran articular mayorías que terminan afectando el erario público”.