Alianza por las Reformas junto a diferentes organizaciones señalaron que la captura de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leyli Santizo y la acusación en contra de la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa son actos de criminalización “descarada”.
Las organizaciones indicaron que el mensaje que se envía por parte de las autoridades de Gobierno es que se está utilizando el principio de legalidad para perseguir a quienes lideran relevantes investigaciones vinculadas a casos de corrupción y han “asfixiado” al país..
Manifestaron su preocupación porque la abogada Santizo permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala donde se encuentran personas que fueron privadas de su libertad por casos que ella litigó, por lo que la coloca en alta vulnerabilidad.
Ambas fueron vinculadas por la FECI por el caso denominado Cooptación y Corrupción Judicial.