En lo que resta del segundo semestre de 2020 se prevé que se presente al Legislativo la propuesta de reforma a la Ley de Alianzas para el Desarrollo e Infraestructura Económica (ANADIE) Decreto 16-2010. Se busca facilitar la aprobación de alianzas público-privadas (APP) y ampliar la cartera de proyectos a otras áreas.

El subdirector de Estructuración y Contratación de la ANADIE, Érick Uribio, dijo que esta reforma no solo es interés de la Agencia, sino del mismo Ejecutivo, que desde el inicio de la gestión de este gobierno, pidió que los proyectos APP avancen, pero se necesita mejorar la ley.

Dicha agencia no ha logrado implementar ningún proyecto de APP a la fecha. El más cercano a desarrollarse es la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, pero en el Legislativo sigue estancado el contrato desde la adjudicación de la obra, en julio de 2018.

Uribio explicó que la propuesta para reformar la Ley de ANADIE salió de la Agencia, luego de reuniones y mesas de discusión con actores de la banca multilateral, privada y nacional, grupos de desarrolladores, e incluso hubo socialización con diputados. 

El Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), presidido por el ministro de Finanzas, Álvaro Gonzalez Ricci, remitió el documento a la Secretaría General de la Presidencia, que luego lo devolvió al Consejo para resolver algunas dudas.

“Ya se subsanaron esas dudas”, dijo Uribio. Se espera que Finanzas lo remita a la Secretaría esta semana. “La expectativa que tenemos es de que por lo menos llegue al Congreso en este último semestre del año”, agregó.

Ampliación

La propuesta tiene 20 artículos, con modificación son 17. Entre las reformas que se plantearán están desarrollar proyectos de APP en las áreas de salud, educación y agua, porque la actual ley contempla puertos, carreteras, transporte ferroviario, aeropuertos, conducción de energía eléctrica  y edificación pública.

En estos proyectos se desarrollaría la infraestructura, el servicio lo daría el Estado, como ya sucede en otros países como México, Chile, Perú o Canadá.

Aparte ahora solo el sector público puede presentar proyectos y solo el Congreso puede aprobar los contratos. Con la modificación, la agencia apoya y capta iniciativas que hayan desarrollado otros sectores, como estudios de un privado, una embajada o alguien que las produce o una municipalidad, que se donaron, pero que se pierden.

El subdirector considera que sería una alternativa para atraer inversiones, que se realicen bajo la modalidad APP y permitiría desarrollar infraestructura a nivel local, pequeños proyectos, pero de gran impacto.

Uribio dijo que cuando se trata de una APP que solo se encargará del desarrollo de infraestructura y equipamiento lo aprobará el Conadie, pero si se trata de una integral, es decir que incluye infraestructura y servicios tendrá que ir al Congreso.

Vinculación

Édgar Balsells, exministro de Finanzas, dijo que una queja permanente de la ANADIE es que los proyectos tienen que pasar al Congreso. Agregó que, sin conocer la propuesta, la inquietud que le surge es cómo se insertará ANADIE en un sistema de planificación de la inversión pública. 

“Si la ANADIE no se institucionaliza bien con la Segeplan, eso crearía múltiples problemas de descoordinación. Tiene que estar muy vinculado al proceso de formulación presupuestaria de mediano plazo”, indicó.

Para el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, es prematuro comentar sobre la reforma, pero la considera importante para el país, porque necesita acelerar los proyectos de infraestructura económica, y el modelo APP ha funcionado en varios países.

“Somos el país con la peores carreteras de América Latina, con la menor cantidad de inversión de kilómetros de red vial por habitante. Somos unos de los que menos invierte en infraestructura pública, apenas el 1.2 por ciento del PIB”, agregó