Un exasesor de la Municipalidad de Jalapa y del Congreso representa a la empresa que reclama la propiedad del TG-MEO.
Esta semana, el Juzgado de Extinción de Dominio podría determinar si otorga o no una nueva prórroga al Ministerio Público (MP), si presentará o no una acción de extinción de dominio sobre el helicóptero matrícula TG-MEO que se vincula con Mario Estrada Orellana, condenado en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas.
El excandidato a la presidencia y fundador del partido UCN cumple una condena de 15 años en una prisión estadounidense. La agencia antidrogas DEA documentó que Estrada pidió dinero del Cartel de Sinaloa “para financiar un plan corrupto para ser electo como Presidente de Guatemala”. A cambio, al llegar a la presidencia, Estrada prometió ayudar al Cartel a exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos, e intentó organizar los asesinatos de rivales políticos.
A partir de la acusación en
EE. UU. surgió información sobre una reunión entre Estrada y el entonces presidente Jimmy Morales. El funcionario confirmó la visita a la casa de Estrada en Jalapa, el 4 de abril, supuestamente para atender una invitación para almorzar gallina en crema con loroco. Consuelo Porras ordenó una investigación de la que nada se sabe.
Días después se conoció que el exmandatario Jimmy Morales viajó en el helicóptero TG-MEO hacia San Marcos, el 23 de enero de 2018, de acuerdo con fotografías oficiales. El gobierno trató de desligarse de Mario Estrada al indicar que la aeronave fue contratada por Maya World Tours.
El abogado Martínez García se ha presentado al Juzgado de Extinción de Dominio para reclamar la propiedad de la nave.
Tiempo después, en 2019 el helicóptero se localizó en un hangar arrendado por Inversiones de Aviación Civil, con representación de Miguel Vicente Hernández Martínez y Julio Beteta Mejía. La Fiscalía de Extinción de Dominio inmovilizó la aeronave en mayo de 2019 y posteriormente el juzgado validó la medida sin que hasta la fecha haya conclusiones de las investigaciones para determinar el futuro de la aeronave que está a resguardo de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).
El helicóptero Eurocopter AS 350B2 Ecureuil, matrícula TG-MEO, no se puede otorgar en uso provisional porque según dictámenes de la FAG constituye un riesgo para los pilotos porque no cuentan con respaldo de la bitácora de vuelo, se informó en la Senabed.
La aeronave se registra como propiedad de Aerocomercial, S.A.,
que la compró en 2007 por Q100 mil a la sociedad anónima Libélulas, cuyas cuentas bancarias tendrían la firma registrada de Mario Estrada. Este es el indicio que conectaría el helicóptero con el excandidato condenado en Estados Unidos. En el mercado, una aeronave de ese modelo se cotiza entre US$1 y US$1.5 millones, aproximadamente.
El asesor
Aerocomercial es una sociedad anónima que se constituyó en mayo de 2006 por Elsa Flores, secretaria de 49 años, y Elena Celada, un ama de casa de 56 años. El abogado Gustavo Martínez García se ha presentado al Juzgado de Extinción de Dominio para reclamar la propiedad de la aeronave que en 2009 habría sido aportada como capital para otra empresa, Dicomsa.
Sin embargo, el helicóptero sigue registrado como propiedad de Aerocomercial. Dicomsa se constituyó en 1995 por Daniel Heriberto Rodríguez Ortiz, maestro de 31 años originario de Jalapa, y Jorge Alfredo Quiñónez Muñoz, capitalino de 29 años. Esa compañía se encarga de importar utensilios y enseres de mesa y cocina.
elPeriódico buscó a Martínez en su despacho profesional pero la oficina ahora la ocupa una universidad privada. En su perfil profesional público, Martínez se presenta como abogado de municipalidades, particularmente la de Jalapa. Entre 2018 y 2020 fue asesor de asuntos jurídicos en el Congreso, cuando la directiva estaba conformada por diputados de los partidos Unionista, Todos y FCN-Nación.
Condena en el extranjero, bienes para el Estado
La Ley de Extinción de Dominio establece que se declararán a favor del Estado los bienes o productos del crimen organizado relacionados con guatemaltecos condenados en el extranjero, siempre que las autoridades judiciales del país que se trate no los haya reclamado. Estados Unidos aún no resuelve la apelación de Mario Estrada, según constató elPeriódico. Esa decisión tendría o no que ver en el caso del TG-MEO si la fiscalía hilvana los indicios para acreditar nexos que lleguen hasta el excandidato a la presidencia por el partido UCN. Las autoridades de EE. UU. también alertaron de un posible plan de Mario Estrada para asesinar a actores políticos como Thelma Aldana o fiscales incómodos como Juan Francisco Sandoval y Óscar Schaad.