La policía desalojó a 50 familias que vivían en un terreno que, según los afectados, pertenecía al Estado pero ahora es reclamado como propiedad privada.
“Nos obligaron a destruir nuestras viviendas, luego quemaron todo, hasta nuestra cosecha de maíz y frijol” dijo Alberto Ic, miembro de una de las 50 familias q’eqchi, obligados a desplazarse tras ser desalojados en la comunidad Se’Inup, El Chal, Petén.
El desalojo ordenado por un juez competente fue ejecutado por un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de varias comisarías del país.
La PNC informó que apoya a Jueces de los minuciosos de Santa Ana y El Chal, con el acompañamiento de Procuraduría General de la Nación y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos para realizar diligencias de desalojos en fincas que estaban invadidas.
“Que vamos a hacer no tenemos a donde ir, mis hijos tienen hambre y no tengo que darles” dijo entre lágrimas una mujer que se identificó como María, sentada con sus hijos a la orilla de la carretera comunitaria.
Según los afectados, la finca pertenecía al Estado pero ahora es reclamada como propiedad privada, cuando ya habían iniciado un proceso de legalización.
Las familias desalojadas y obligadas a desplazarse son 50, hay unas 300 personas, entre hombres, mujeres y niños.